La crisis política nacional que semiparaliza al país, llegó al día 21, con un balance preocupante que tiene como eje masivas movilizaciones en todo el territorio, motines policiales, y denuncias de fraude electoral, que derivaron en pedidos de renuncia del presidente Evo Morales y de los miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE). La magnitud del conflicto motivó a Morales a hacer un llamado al diálogo para encontrar una salida, aunque en las actuales circunstancias y la forma y condiciones de su convocatoria a dialogar, difícilmente podrían encontrar eco e interlocutores, ya que se pretende que, implícitamente, se avale el resultado de los comicios.
El hecho es que la polarización a la que se ha llevado al país -entre los que reclaman hacer respetar el ordenamiento legal y los que atropellan la legislación- aleja todo margen de conciliación, situación que se agrava con la violencia que ya dejó tres fallecidos, 383 heridos y por lo menos 25 personas detenidas. Desde el lunes 21 de octubre, luego de conocerse las irregularidades en los cómputos de votos y denuncias de alteración de actas y otras situaciones irregulares, en el país, se generalizó la protesta. El multitudinario cabildo en Santa Cruz al que asistieron representantes cívicos de varios departamentos aprobó las pautas para movilizar a la ciudadanía en defensa de la democracia. Se replicaron los cabildos en casi todas las principales ciudades del país y se desató una escalada de violencia que no surgió precisamente de los movilizados, sino de quienes defienden al gobierno.
La policía cometió algunos excesos, especialmente en Cochabamba, pero entre los oficiales y soldados se notaba una actitud de afinidad con las protestas que denunciaban un fraude electoral. En varias marchas los policías se alejaron dejando pasar a los manifestantes, hasta que finalmente los miembros de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) iniciaron un motín que se replicó en la mayoría de las ciudades del país. El gobierno intentó desvirtuar la situación, primero negó que hubiese malestar policial y menos militar, pero ante las evidencias se intentó explicar que los policías solamente tenían demandas institucionales, pese a que los canales de televisión y las redes sociales mostraban en directo al motín policial y su identificación con las protestas en las calles. La afinidad fue tal que los ciudadanos movilizados decidieron resguardar las dependencias policiales frente a eventuales ataques de grupos del oficialismo, además de llevar provisiones para los policías.
Como ocurre en toda crisis, aunque el foco que irradió la protesta se inició en Santa Cruz y se fue ampliando a todo el país, es en La Paz donde confluyen los hechos. Los uniformados dejaron de resguardar los accesos a la plaza Murillo y se replegaron a la UTOP. El gobierno apeló a la Policía Militar para resguardar la plaza principal, el Palacio de Gobierno y la llamada Casa Grande del pueblo, mientras los policías hacían conocer un pronunciamiento en el que adhieren a las resoluciones del Cabildo en Santa Cruz, que determinó exigir la renuncia de Evo Morales y apoyar las demandas de la Policía que exigen mejoras laborales. Inmediatamente surgió un cartel en el que expresaron sus pedidos, entre ellos nivelación de sus salarios al mismo rango que los efectivos de las Fuerzas Armadas (FFAA), viviendas y una jubilación con el total de lo que ganan. A su vez el alto mando militar en su totalidad emitió un pronunciamiento afirmando que «nunca se enfrentarán con el pueblo».
Mientras tanto, el líder cívico cruceño Luis Fernando Camacho, los presidentes de los Comités Cívicos y el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) hicieron su cuartel general en la sede de gobierno. En las actuales circunstancias, un espacio de diálogo político para encontrar soluciones efectivas queda a merced de los objetivos de un eventual encuentro. Si el diálogo solamente es para convalidar el proceso electoral como pretende el gobierno será muy difícil por lo menos llegar a un intento. Además, ya la oposición desahució esa forma de diálogo. Pero si en la agenda se incluye a los cívicos y CONADE, con la opción de anular las elecciones, convocar a nuevos comicios regidos por un nuevo Tribunal Supremo Electoral independiente y que opere bajo una estricta auditoria nacional e internacional, seguramente se abrirá el camino para reencauzar la armonía en el país.