Las operaciones de empresas chinas en Bolivia encuentran cada vez más observaciones, incumplimientos, transgresiones jurídicas y hasta vulneración de la soberanía, al incumplir las normas legales. En las últimas horas se efectuó una reunión de los cancilleres de Bolivia, Diego Pary, y de China, Wuan Yi, quienes revisaron en Beijing la agenda comercial y de cooperación. Inclusive firmaron un memorándum que considera las enormes potencialidades de los dos países. Al revisar el desarrollo de las relaciones era imprescindible tratar los incumplimientos en los que incurren algunas empresas chinas que desarrollan proyectos en nuestro país.
Ojalá que se haya aprovechado la oportunidad para normar estas actividades y hacer que las operaciones chinas en Bolivia se enmarquen en las normas legales. Precisamente el pasado martes, ante los permanentes abusos de ejecutivos de la empresa china Railway Construction Corporation, los obreros se declararon en estado de emergencia y tomaron las instalaciones de la compañía, además de pedir la presencia del Ministerio de Trabajo, para alcanzar una solución al maltrato laboral de que son parte los trabajadores.
La empresa china está a cargo de la carretera Rurrenabaque-Riberalta, cuya obra está puesta en tela de juicio por parlamentarios de la oposición, y ya solicitaron información a las autoridades responsables del contrato. La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) deslindó responsabilidades en la fiscalización de la construcción de esta obra que demanda más 600 millones de dólares. De acuerdo a informes de prensa, la ABC atribuyó las irregularidades a la naturaleza del contrato suscrito con la empresa china. La explicación señala que «al ser un proyecto bajo modalidad llave en mano, no existe la figura de una supervisión, más bien de un control y monitoreo», señaló el informe remitido a conocimiento del senador beniano Yerko Nuñez y elaborado en fecha 4 de junio de 2018.
El representante nacional calificó esta situación como una «estafa» y de «inaceptable sometimiento» del Gobierno a los intereses del capital chino en Bolivia. En la petición de informe, el senador solicitó también explicaciones sobre la contratación de profesionales por la empresa china y la respectiva homologación de los títulos profesionales ante autoridad competente para poder ejercer como tales en el Estado Plurinacional y poder trabajar en la obra y si estos estuvieron inscritos en los colegios de profesionales en Bolivia.
En realidad, las inversiones chinas no solamente en Bolivia sino en muchas partes, confrontan problemas de diverso orden. CEDLA, editó el libro «Construyendo Desarrollo para la Nueva Era: Proyectos de Infraestructura de China en América Latina y el Caribe», que analiza las tendencias y los desafíos centrales de este fenómeno y los miles de millones que se están invirtiendo en la región. Pero en uno de sus capítulos hace referencia a que las empresas chinas, «no han respondido adecuadamente ante los requerimientos relativos a cuestiones de la cultura y reglamentaciones locales. «Hemos descubierto que la mayoría de los proyectos en América Latina y el Caribe, han tenido que enfrentar reacciones locales adversas relacionadas con preocupaciones ambientales», señala el trabajo.
Pone como ejemplo que hubo mucha preocupación debido al impacto ambiental de las refinerías de petróleo de Sinopec en Moín, Costa Rica, (el Secretario Nacional de Medio Ambiente objetó la primera evaluación, acusando omisiones graves); y en el Parque Nacional Yasuni, en Ecuador (800,000 personas firmaron una petición antes de que el gobierno nacional detuviera los trabajos). El inicio de la construcción de las represas hidroeléctricas Condor Cliff y La Barrancosa en Santa Cruz, Argentina, que no había realizado ningún tipo de evaluación de impacto ambiental, llevó a que el Tribunal Supremo ordenara suspender los proyectos. También han surgido problemas laborales, ya que las empresas tienden a contratar ciudadanos chinos en lugar de trabajadores locales, especialmente en puestos directivos y de alta calificación. Pese a esas observaciones, el documento señala que «sin embargo, la evidencia que hemos reunido no nos permite concluir en que los préstamos y operaciones de China sean perjudiciales para el desarrollo económico o político de América Latina».