¿Indecisiones del Ejecutivo?

El gobierno central, gobernaciones y alcaldías, efectuaron reuniones de emergencia para ver la posibilidad de efectuar cuarentena dinámica y flexibilizar en algunas regiones de acuerdo a recomendaciones de la Organización Mundial de Salud, científicos y médicos de Bolivia.

Se entendió que todos los funcionarios del esquema estatal estaban informados sobre los alcances de lo determinado en dichas reuniones, entre ellos la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo de la (ASSUS).

Por ello resulta no solo extraño, sino que hubo deliberada intención para sabotear las decisiones del gobierno al haberse emitido la instructiva Nº 003/2020, emanada de dicha Autoridad en la que se advierte la irracionalidad de la misma, al señalar que, si algún trabajador de empresa privada se contagiaba de coronavirus, sería considerado como accidente laboral por tanto de responsabilidad de la empresa para su tratamiento.

No cabe en mente racional, que un servidor público no sepa diferenciar Accidente de Pandemia, e intente responsabilizar a los empresarios privados del buen o mal comportamiento, descuido e infortunio, de contraer contagio del coronavirus, dentro de instalaciones de trabajo, en las calles o fuera de los mismos.

Fue la CAINCO, Santa Cruz, que dio la voz de alerta al empresariado y al gobierno de que algo tramado estaba por entorpecer las labores en la lucha contra la pandemia para favorecer a un expresidente que impulsa el caos y anarquía en Bolivia para retornar a ser gobernante del país.

Ni duda quepa que la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo aprovechando del cargo público introduce la instructiva, con intención de crear conflicto entre los trabajadores y el empresariado nacional.

Lo ilógico es que mientras gran parte de la clase trabajadora exige retornar a sus fuentes de empleo, pese a las circunstancias adversas por la presencia del virus indetectable y todavía bajo estudio de científicos en todo el orbe, haya desubicados, que no solo deben ser destituidos sino procesados por atentar contra los derechos humanos y principios fundamentales tanto de la clase trabajadora como del empresariado nacional, porque a las claras se advierte que existe intención de perjudicar las decisiones del gobierno con referencia al coronavirus.

Además de dejar sin efecto o anular la instructiva Nº 003/2020, en señal de que el gobierno no está interesado en generar conflicto de intereses entre quienes desean retornar a sus fuentes de trabajo y los empresarios que también así lo desean -pese al déficit económico financiero en que se encuentran muchas empresas- debe pedir al ministerio Publico se instaure proceso penal contra quien en forma totalmente oficiosa se atribuyó competencia que no la tiene.

De esta manera, los empresarios, considerarán que no hubo intencionalidad oculta de algún ministro o del propio gobierno para poner estaquillas al buen relacionamiento obrero empresarial para volver a las fuentes de trabajo.