Es lamentable que se utilicen con fines políticos y electorales las necesidades de la población, como la salud, o los actos humanitarios como la vida. Peor si se usan esos argumentos para liberar de responsabilidades a aquellos que cometieron delitos contra el Estado y la sociedad. Esta posibilidad dejó de ser solamente una intención, para convertirse en realidad con la aprobación de una ley que concede amnistía e indulto para unas mil personas sobre las que pesan acusaciones de diverso orden, que van desde los atentados contra los buses PumaKatari, hasta los que intentaron hacer volar la planta de gas de Senkata y los que perpetraron el fraude electoral.
Efectivamente, utilizando su mayoría parlamentaria, Movimiento Al Socialismo (MAS) logró aprobar en la Asamblea Legislativa una «amnistía» para quienes se consideran «perseguidos» por el Gobierno transitorio de la ex presidenta Jeanine Áñez. La oposición rechazó el decreto porque dejará impunes varios sucesos violentos ocurridos entre 2019 y 2020 y anunció que presentará un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Fue el presidente Luis Arce quien remitió a la ALP el proyecto de decreto presidencial de «Concesión de Amnistía e Indulto por razones humanitarias y perseguidos políticos», que fue elevado a rango de ley pese, a las protestas de la oposición y observaciones de diversas instituciones políticas, sociales y cívicas. De acuerdo a las estimaciones de organizaciones políticas, la norma libraría de culpa a más de mil personas implicadas en hechos ocurridos entre octubre de 2019 y octubre 2020. El senador del MAS Leonardo Loza dijo que se ha aprobado el decreto presidencial «en defensa de la vida, en defensa de la justicia y, por supuesto, también en el tema de la Covid protegiendo a nuestros hermanos que están hacinados en las diferentes cárceles del país».
Está muy bien que se busque salvar la vida de los internos en las inadecuadas e inhumanas cárceles nacionales donde están propensos a un contagio masivo de coronavirus, pero no debía utilizare ese pretexto humanitario para liberar de responsabilidades a quienes han atentado contra el pueblo boliviano, cercando las ciudades para evitar que lleguen alimentos, o los que impidieron que el oxígeno sea transportado a los hospitales, y menos para aquellos que pusieron en riesgo a miles de personas en El Alto, cuando intentaron hacer volar la planta de gas e hidrocarburos. Pero para el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, la aprobación de la amnistía beneficiará a quienes fueron «víctimas de persecución política» durante el gobierno de Áñez.
El Comité Cívico pro Santa Cruz se pronunció rechazando la amnistía debido a que dejará en la impunidad a los responsables del «mega fraude» electoral. La posición ha sido expresada en un comunicado, señalando que se pretende beneficiar a quienes presuntamente estuvieron involucrados en diferentes hechos de violencia entre la crisis política de 2019 y 2020. «Con esta amnistía tramposa, el gobierno de Luis Arce pretende liberar de culpa a Facundo Molares, guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)», señala el Comité Cívico. También repudia que con esta norma se dejará en la impunidad a los responsables de los bloqueos durante la pandemia del coronavirus, que según el gobierno de transición, a causa de este hecho, se obstaculizó la llegada de oxígeno a los hospitales y al menos 40 personas hubieran fallecido.
El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) también deploró la aprobación de la ley de indultó porque libera de responsabilidad a los autores del fraude electoral establecido por la OEA. Frente a esta realidad, anunció que pedirá que el grupo de investigación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que indaga la crisis de 2019, abandone Bolivia porque su función ha cesado con la Ley de Amnistía e Indulto. Uno de los representantes de Conade Manuel Morales explicó que ya no tiene sentido la investigación de del Grupo Interdisciplinario de Expertos (GIE) de la CIDH que llegó para investigar de manera independiente los hechos de violencia de 2019, tras la crisis que se desató por la denuncia de fraude electoral.