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jueves, abril 18, 2024
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Informe de la OEA es vinculante

Lo Ocurrido en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en relación a Bolivia, tiene interpretaciones de acuerdo a las diferentes ópticas políticas. Para el gobierno fue un éxito y su planteamiento tuvo respaldo. Para la oposición fue un boomerang. El hecho concreto es que el organismo internacional realizó dos sesiones virtuales, y una de ellas fue para recibir a una delegación boliviana que decidió interpelar al Secretario General de ese organismo, Luis Almagro. Fue una sesión extraordinaria a la que asistieron el Ministro de Relaciones Exteriores Rogelio Mayta y el Ministro de Justicia y Transparencia Institucional Iván Lima. También estuvo en la sesión virtual el embajador Héctor Arce. Los delegados cuestionaron el informe preliminar realizado por la OEA sobre las elecciones de 2019, en las que se estableció que hubo «manipulación dolosa».

El dolo de acuerdo al diccionario significa engaño, fraude o simulación llevados a cabo maliciosamente con la intención de dañar. La misión boliviana sostuvo que hubo «injerencia» del secretario general de la OEA. La respuesta de Luis Almagro y otros altos funcionarios fue contundente. Ratificaron el informe de auditoría que evidenció «manipulación» en las elecciones generales de 2019. Almagro instó a jamás aceptar la «impunidad». «Estamos dispuestos a dar la mayor certeza jurídica en este tema y definitivamente decimos no a la impunidad, no a la impunidad de la corrupción, no a la impunidad de la violación de derechos humanos, y no a la impunidad de los crímenes de lesa humanidad», dijo Almagro durante su intervención. Puso énfasis al afirmar que la OEA actuó a pedido del gobierno boliviano de Evo Morales y que el acuerdo establece el carácter «vinculante» del análisis de integridad electoral, y señaló que «cuando el texto es claro no hay lugar a interpretaciones distintas». Indicó también que «los países defienden sus intereses, que estos pueden variar y los que ayer votaban en defensa de las instituciones en otros países, cuando se produjo en esos la ruptura del orden democrático, hoy dicen que eso es violatorio del principio de no intervención».

En la sesión también intervino el responsable de la secretaría de fortalecimiento democrático de la OEA, Francisco Guerrero, quien deploró que la «narrativa» del Gobierno boliviano busque «desprestigiar» la tarea de las misiones de observación electoral, y también se refirió al informe de un docente y alumnos de la Universidad de Salamanca, contratado por la Fiscalía General, en el que se concluye que no hubo «manipulación». Guerrero respondió que el informe «no analiza elementos claves», recalcando que «sin ningún sustento técnico en materia electoral afirma que no hubo manipulación, esta conclusión carece de sustento científico», señaló.

La reacción del ministro Lima fue de lamentar que la sesión no hubiera logrado su objetivo, que era rechazar el comunicado del 9 de agosto, en el cual se pone en duda la solvencia del peritaje internacional contratado por la Fiscalía General del Estado. «No es apropiado, no es correcto que jueces del Estado boliviano no reciban el respeto. No entraremos a debatir en este foro algo que es competencia de la justicia boliviana, les pedimos que los dejen trabajar, que se entre en un nivel de investigación», afirmó. La delegación boliviana seguramente se sintió defraudada porque no logró su objetivo que era de censurar a Almagro. Solamente tres países respaldaron su posición. Nuevamente se ha demostrado que la comunidad internacional deplora el abuso, la prepotencia, los excesos, así como la ilegalidad. En todas las reuniones internacionales se ha deplorado la manipulación que algunos gobiernos realizan en los procesos electorales, así como las violaciones a los derechos humanos, como ha ocurrido en Venezuela, Nicaragua y otros países. Lamentablemente, los mecanismos para hacer que se respeten los derechos humanos y la justicia se ven trabados debido a que es necesario que todos los países actúen de acuerdo con los principios de defensa de la democracia, pero lamentablemente, hay Estados que apoyan las transgresiones.

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