Un estudio presentado este martes detectó que en 2021 en Bolivia hubo más de 600 vulneraciones a libertades fundamentales como el derecho a la asociación, la libre expresión o la protesta, además de ataques a periodistas y defensores de los derechos y violaciones a la institucionalidad democrática.
Estos datos se encuentran en el «Informe país 2021 sobre libertades fundamentales e institucionalidad democrática», elaborado por la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas).
«Las vulneraciones que muestra este informe, que son 666 en 2021, están de alguna forma marcando una tendencia que es preocupante», dijo a Efe la directora ejecutiva de Unitas, Susana Eróstegui.
Por un lado, está el tema de la «criminalización de la protesta o las reacciones desmedidas» ante algunas manifestaciones de ciertos sectores y que terminan con numerosos detenidos e incluso heridos, mencionó.
También preocupa la falta de garantías para el ejercicio de la labor periodística, pues se tiene registro de casos de agresión física y de estigmatización «de la prensa independiente, de periodistas que están en pleno ejercicio de su labor» y que vienen no solo de la fuerza pública, sino también de la propia población, alertó.
Según Eróstegui, aunque ha habido una variación respecto a las cifras detectadas en los años anteriores, la tendencia es «bastante similar» y ha llamado la atención sobre todo que de los 666 casos reportados en 2021, 429 fueran vulneraciones al derecho a la protesta.
También hubo 71 actos contra la libertad de expresión, 67 contra la libertad de prensa, 62 violaciones a la institucionalidad democrática, 18 vulneraciones contra defensores de derechos, 15 contra la libertad de asociación y 4 contra la libertad de reunión, detalla el informe.
Algunos apuntes
El reporte señala que la situación de la institucionalidad democrática y las libertades fundamentales en el país «genera preocupación».
«La falta de garantías y mecanismos para el derecho a la información, a la libre asociación, a la libre expresión, protesta y reunión pacífica, participación social, afecta directamente a toda la sociedad civil, en un entorno precario para el ejercicio de derechos civiles y políticas», indica el texto.
El análisis apunta algunos ejemplos en cada segmento, como los actos y declaraciones de estigmatización contra opositores y otros actores que participaron en la crisis de 2019 que para el Gobierno de Luis Arce y el oficialismo fue un «golpe de Estado».
En varias partes del informe se menciona el conflicto entre grupos de productores de hojas de coca de Los Yungas, que dejó 142 detenidos y 30 heridos en 12 represiones policiales, y donde también hubo agresiones contra periodistas.
En cuanto a las vulneraciones a la libertad de prensa, resalta el caso del secuestro y tortura sufridos a finales de octubre pasado por siete trabajadores de medios de comunicación y policías durante una cobertura por invasiones y conflictos de tierras en el oriente boliviano.
Durante la presentación del informe se advirtió, además, sobre el riesgo que supone la movilización de grupos de choque para hacer frente a otras protestas ciudadanas, porque eso conlleva a un enfrentamiento entre la sociedad civil.
También menciona las agresiones y amenazas de sectores oficialistas contra la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Amparo Carvajal, quien estuvo presente en la entrega del informe.
Sobre la institucionalidad democrática, el reporte remarca, entre otros aspectos, la crisis en el órgano judicial y también observa la falta de independencia entre los poderes estatales, pues «bajo distintas formas y prácticas, el Gobierno ejerce presión sobre la justicia y el poder legislativo, utilizando diferentes estrategias para dirigir las decisiones judiciales a conveniencia de éste».
El informe se enmarca en el proyecto «Sumando voces, multiplicando acciones», que busca reducir la vulnerabilidad de los defensores de los derechos frente a prácticas estatales que afectan derechos territoriales, ambientales, de los pueblos indígenas, de las personas LGBTI y libertades fundamentales.
Su elaboración fue financiada por la Unión Europea y la entidad Catholic Agency for Overseas Development.