Esa es la recomendación de varios organismos dependientes de la Organización de Naciones Unidas, especialmente para los países de Latinoamérica, al considerar que con las vacunas ha disminuido el riesgo de contagios, y porque los perjuicios para la niñez y la juventud son imposibles de cuantificar debido a las consecuencias de la pandemia que obligó al enclaustramiento de los estudiantes en sus hogares, a la suspensión de labores escolares y la aplicación de diversos sistemas de educación a distancia, para paliar en algo las secuelas que deja el coronavirus. Pero Bolivia ¿estará en condiciones de cumplir esta necesidad implementando las recomendaciones internacionales, que van desde poner en práctica las Tecnologías de la Información y la Comunicación en las aulas (TIC), hasta aumentar los presupuestos para la Educación y apoyar a los maestros?
Volver a clases es una necesidad urgente, pero cumpliendo medidas de bioseguridad y dotando a estudiantes y maestros de los recursos tecnológicos que ya en la post pandemia son imprescindibles. Para los organismos internacionales la recuperación económica de la región tras la crisis de la covid-19 depende en gran parte de la regularización de las actividades escolares, cuanto más se demoren, más tardará. En este criterio coinciden varios organismos internacionales, entre ellos el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
La Secretaria General de la CEPAL, Alicia Bárcena afirmó que la primera acción que en este momento se debe ser el regreso inmediato de los estudiantes a las escuelas. Hizo estas aseveraciones en la jornada inaugural del Primer Seminario Regional de Desarrollo Social: Educación en América Latina y el Caribe en el que participan, además de varios organismos internacionales, ministros y otros altos funcionarios gubernamentales, así como especialistas del sector educativo y representantes de la sociedad civil. Los ponentes en el evento virtual coincidieron en recalcar la importancia de la reapertura de las escuelas y regularización de las clases presenciales no sólo para el repunte económico, sino también para la reconstrucción del tejido social dañado por los confinamientos y la prolongada ausencia de los estudiantes en las aulas.
A 20 meses del inicio de la pandemia, el cierre total o parcial de las escuelas sigue afectando a dos de cada tres niños, niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe. “Esto significa que un total de 86 millones de estudiantes siguen fuera de las aulas”, precisó la Directora Regional de UNICEF, Jean Gough, y agregó que muchos niños han caído en situación de trabajo infantil o no han continuado su educación por no tener acceso a internet a causa de la pobreza o la falta de infraestructura. Afirmó que la región atraviesa la peor crisis educativa de su historia. “El costo de esto es abrumador para los niños y adolescentes, y para la productividad futura de sus países. Más allá del impacto inmediato, las consecuencias financieras de la crisis educativa impactarán las economías de la región en los próximos años”, abundó Gough. Citó datos del Banco Mundial que indican que el cierre de las escuelas podría traducirse en una caída de 1,7 billones de dólares en los ingresos futuros para la región, lo que equivale al 16% del PIB regional y aseveró que no se puede esperar a que todo el cuerpo docente o los niños estén vacunados contra el coronavirus dada la escasez y distribución inequitativa de las inmunizaciones. Lamentó, que los niños y adolescentes pueden acudir hoy a los cines o restaurantes, mientras que sus escuelas siguen cerradas, lo que viola su derecho a una educación inclusiva y de calidad.
En el mismo tenor, Alicia Bárcena recordó que las escuelas cumplen un papel que va más allá de lo académico ya que tienen una función de protección y monitoreo de la situación de los niños en una región caracterizada por sistemas débiles de protección social. “Desafortunadamente, la educación no ha estado en el centro del debate de las agendas de política pública para abordar esta crisis prolongada y la recuperación”, reclamó, haciendo notar que el 99% de los estudiantes de la región experimentó una interrupción total o parcial de al menos 40 semanas de clases presenciales, lo que supone un año académico.
Tras resaltar la enorme brecha digital, evidenciada con la pandemia, previó que las condiciones de inequidad ya existentes antes de la crisis de la covid-19 se agudizarán generando una crisis silenciosa. Recomendó actuar de in mediato porque “urge promover el regreso gradual y seguro a las escuelas con una amplia coordinación entre los sectores educativo y sanitario”. También enfatizó la necesidad de aplicar las estrategias digitales, un área que debe ser prioritaria en la región, que precisan ser elaboradas e implementadas desde una perspectiva de derechos y de igualdad de género para beneficiar a todos los estudiantes y a la sociedad en su conjunto. En este sentido, urgió a aumentar las inversiones en el sector educativo para desarrollar las capacidades de los estudiantes, desde las operativas hasta las intelectuales, pasando por las de comportamiento ético.