Los padres de familia y las organizaciones cívicas tendrán un protagonismo esencial después que el gobierno dejó en manos de las direcciones distritales de educación definir la modalidad de las labores escolares entre presencial, semipresencial y a distancia.
Las labores escolares comenzarán el 1 de febrero y las inscripciones de alumnos nuevos se inician este lunes, mediante una plataforma digital habilitada por el Ministerio de Educación.
El gobierno central, mediante la Resolución Ministerial 001/2021, instruyó que los directores distritales de Educación podrán elegir las modalidades (presencial, semipresencial o a distancia) para las labores educativas tomando en cuenta los informes epidemiológicos, las disposiciones del Ministerio de Salud y la comunidad educativa.
Esta norma establece, además, que el protocolo de bioseguridad será elaborado por cada colegio. Las inscripciones escolares se prolongarán por cinco días.
Queda prohibido cualquier tipo de reserva de plazas, cupos de matrícula o exámenes de ingreso en unidades educativas fiscales, privadas o de convenio. «Cada unidad educativa debe publicar el cronograma de inscripciones para el primer año de escolaridad y estudiantes nuevos a través de los medios de comunicación, paneles, murales y otros, contemplando la capacidad física instalada de la unidad educativa por aula y paralelo».
Por otra parte, se emitieron instrucciones para que solamente las escuelas con 20 estudiantes, o menos por curso, puedan aplicar la modalidad presencial con las respectivas medidas de bioseguridad.
Esas disposiciones fueron asumidas por el sexto encuentro pedagógico, explicando que la modalidad presencial «implica la presencia física de las y los estudiantes, personal docente y administrativo, que interactúan en el desarrollo del proceso de aprendizaje en el espacio de la unidad educativa», y que solo podrá ser aplicada en las «unidades educativas que cuenten con un número menor o igual a 20 estudiantes por paralelo y año de escolaridad».
Hay mucha incongruencia entre los anuncios de las autoridades de Educación y lo que anuncia el gobierno central. El gobierno, había descartado las labores escolares presenciales que se proponían las sectoriales argumentando que se está defendido el derecho a la educación. No tomaron en cuenta que el derecho a la salud y la vida están antes, y que la Constitución Política del Estado y la Declaración Universal de los Derechos Humanos priorizan la vida y la salud.
La posición crítica que asumieron las actuales autoridades en contra de la educación virtual con argumentos deleznables, parecía que había sido superada, pero las divagaciones siguen confundiendo a la ciudadanía.
El ministro de Educación, Adrián Quelca, dijo que «no vamos a desarrollar actividades de modo presencial o semipresencial en tanto y en cuanto haya el riesgo del contagio, la prevalencia de la enfermedad Covid-19 en esas regiones». Reiteró que para las actividades a distancia se valdrán de plataformas educativas vía internet, programas radiales, televisión y textos oficiales que se encuentran en revisión a poco de ser impresos. Además, aseguró que «No vamos a obligar a nadie a retornar a clases presenciales».
Ahora se va en contra de lo que se dijo. Es incomprensible que no se evalúe el riesgo que se cierne sobre la población. Se han superado los registros de contagios de coronavirus que se produjeron en el peor momento de la cuarentena; en este momento no hay medicamentos, ni camas en los hospitales públicos y de la seguridad social. Poco se hizo en prevención mientras los nuevos enfermos se cuentan diariamente por miles.
El gobierno delega a las autoridades regionales el problema sanitario y de educación. La comunidad nacional, los padres de familia y las instituciones responsables deben analizar la situación y ver los mecanismos legales que la Constitución Política del Estado establece para las circunstancias en las que se presenta un evidente incumplimiento de deberes, insensibilidad en el desarrollo de las obligaciones de la función pública y provocación de riesgos para la salud de la población.
El gobierno central está en la obligación de hacer cumplir la Ley de Leyes.