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domingo, abril 14, 2024
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Insisten en mantener el sistema judicial

Pese a las observaciones tanto internas como de organismos internacionales, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) prepara la realización de elecciones de magistrados sin efectuar una reforma judicial que se considera imprescindible. El gobierno quiere que se vuelvan a utilizar los cuestionados mecanismos de los anteriores comicios. El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui, dijo que se prevé tener una convocatoria para el 12 de marzo, pero sin descartar ampliar esta fecha hasta los primeros días de abril. El artículo 76 de la Ley 026 del Régimen Electoral, determina que, tras la convocatoria de la ALPA, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) continúa con este proceso.

La norma prevé que 25 días después de que la convocatoria sea expedida por la ALP, el TSE emitirá la convocatoria al proceso electoral y publicará el calendario, con la fecha para su realización. A su vez el TSE anunció que está preparando la realización de las elecciones de magistrados. El gobierno ya aprobó el presupuesto. Pero existen dudas de que el oficialismo logre los dos tercios necesarios para iniciar este proceso que ha sido cuestionado y rechazado por la ciudadanía con una mayoría de votos nulos y blancos en las dos elecciones pasadas. Asimismo, los resultados objetivos demuestran que la forma de elección de jueces ha derivado en la politización de la justicia, y ha destruido las bases del sistema judicial. Varios organismos internacionales han recomendado la urgencia de la reforma. La Organización de Estados Americanos (OEA), a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresó su preocupación ante las reiteradas denuncias sobre la falta de independencia en la administración de justicia en el país, así como la prevalencia de desafíos estructurales en el sistema. Recordó al Gobierno que la independencia de todo órgano que realice funciones de carácter jurisdiccional es indispensable para el cumplimiento de las normas del debido proceso. Observó que su ausencia afecta el acceso a la justicia y fomenta la desconfianza de la ciudadanía en el sistema de administración de justicia, en general.

En esa misma línea, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través del Comité de Derechos Humanos (CDH), en su cuarto informe sobre Bolivia realizado en marzo de 2022, expresó su preocupación por la situación del sistema de administración de justicia. Recordemos que el Relator Especial de Naciones Unidas, Diego García-Sayán, recomendó la necesidad de una reforma judicial, y mencionó las dificultades sistémicas que existen para que la sociedad boliviana tenga acceso fluido a la justicia. «La impunidad frente al crimen y, en particular, frente a casos de feminicidio y violencia sexual, es una dolorosa expresión de ello»… «Esto hace que la justicia esté lejos de las aspiraciones y necesidades de la gente» señaló. Mencionó el hacinamiento carcelario y la altísima proporción de detenciones preventivas. El Relator exhortó al país a «intensificar sus esfuerzos para combatir el abuso de la figura de la prisión preventiva y reducir la sobreocupación en los centros de detención». La organización Amnistía Internacional, también pidió que se logre la reforma judicial.

Hasta el momento, solamente existe la iniciativa de un grupo de juristas que presentó un proyecto que se encuentra en consulta ante la ciudadanía, para demandar que mediante un referendo se realice las modificaciones al ordenamiento legal para hacer viable a una reforma judicial. Lamentablemente, el gobierno desahució esta vía y busca realizar cambios en la justicia al margen de las previsiones constitucionales. Ante la imposibilidad de que el Movimiento Al Socialismo (MAS) logre los dos tercios para elegir a las altas autoridades judiciales, el gobierno está explorando alternativas para designar magistrados y consejeros interinos. Anteriormente, el gobierno descalificó la recolección de firmas que promueven juristas independientes para reformar la justicia a través de una consulta ciudadana. El diputado del MAS Renán Cabezas propuso una «ley corta» para elegir magistrados de manera interina ante la falta de dos tercios en el Legislativo. «Hemos advertido que la oposición quiere empantanar la elección judicial. Sugerimos una ley corta para designar autoridades judiciales en tanto la ALP (Asamblea Legislativa Plurinacional) no se ponga de acuerdo, y modificar las leyes 025 y 027 para aprobar reglamento por simple mayoría», dijo el legislador.

En cumplimiento del numeral 5 del parágrafo I del artículo 158 de la Constitución Política del Estado, la ALP tiene como atribución realizar la preselección de «los candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura». Tras este proceso, las nuevas autoridades deben ser elegidas por voto universal.

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