La violencia política se está acentuando en forma preocupante a pocos días de las elecciones, con señales que hacen prever que grupos radicales preparan medidas de presión y cerco a la ciudadanía, siguiendo consignas que vienen desde el exterior.
Para nadie es secreto el origen de la violencia y la forma cómo actúa en nuestro país. Para estos grupos de tendencia e ideología ultrista es necesario un pretexto para desatar movilizaciones y acciones de hecho, y en la actual tensión electoral, se dan estas condiciones.
Los anuncios públicos del MAS de condicionar el respeto a los resultados de las elecciones, y las amenazas de dos o tres dirigentes de la COB, son muestras elocuentes de estas intenciones. A ello se suma un descontrol en las campañas electorales, y reacciones que alertan sobre la posibilidad de enfrentamientos. Mientras el MAS lanzó amenazas, impidió a los candidatos de otras fuerzas llegar al Chapare, norte de Potosí y algunas regiones de Oruro, nada dijo ni hizo el Tribunal Supremo Electoral y menos la Fiscalía General. Pero cuando agrupaciones cívicas o plataformas exigieron la anulación de la sigla del MAS, en aplicación estricta a la ley Electoral, o cuando se exige la renuncia del Fiscal Lanchipa por su parcializada actuación, entonces reacciona el circuito judicial que actúa en forma de consorcios, y el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, anunció, que el Ministerio Público inicio de oficio las investigaciones por los hechos violentos que se registraron durante las campañas electorales, protagonizados por militantes de diferentes frentes políticos. A ello contribuyen también algunos grupos como la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), que surgió como respuesta a los excesos de los masistas, y que ahora realiza una vigilia exigiendo la renuncia del citado fiscal Lanchipa.
La compra de pertrechos para la Fuerzas Armadas y la Policía fue utilizada por el MAS como pretexto de una supuesta intención de crear violencia desde el gobierno, y llegó a denunciar esta posibilidad ante organismos internacionales.
En ese panorama, dicho partido está tejiendo la idea de generar convulsión social porque «existiría un plan» para evitar la realización de los comicios.
Desde el Movimiento Al Socialismo se acusa al Gobierno de estar detrás de una estrategia para impedir el desarrollo del plebiscito. Mientras tanto, el TSE ratificó que garantiza la realización de las elecciones y que se adoptaron las medidas necesarias para que el pueblo acuda a votar bajo medidas de bioseguridad, y con la certeza de que se protegerá la voluntad ciudadana. A su vez la presidente Jeanine Áñez, ratificó también que las elecciones serán limpias y transparentes y «no se permitirá que grupos violentos intenten convulsionar al país», luego de las advertencias de dirigentes de la COB de «la toma del poder por las buenas o las malas». Migración también anunció que hace un control en las fronteras para evitar el ingreso de grupos subversivos que pueden generar convulsión en Bolivia y empañar el proceso electoral.
Se había anunciado que grupos de jóvenes venezolanos, vía Chile, se aprestaban a ingresar a territorio nacional.
El MAS no perdió la oportunidad para victimizarse, y el candidato Luis Arce, envió cartas a la Organización de Naciones Unidas (ONU), al presidente de México, a la Celac que ya no existe, y al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), alertando de intentos de obstaculizar el proceso electoral con el uso de la fuerza militar, no aportó prueba fehaciente sobre su apreciación.
La estrategia del Movimiento Al Socialismo es clara e inocultable y se muestra en las actuaciones de los organismos y lugares donde tiene control, como la Asamblea Legislativa, donde se aprobó una ley para atar las manos a la Policía y a los militares para que no puedan actuar en hechos de violencia; aprobó normas que dan impunidad a los bloqueadores y violentos y se prohíbe su detención; en la ejecución de estas acciones están también algunas gobernaciones y municipios afines a dicho parido. Está registrado en vídeos y grabaciones los llamados «a la guerra civil», las evidencias del tráfico de armamento, y los vínculos de ese partido político con el narcotráfico. Hay muchas evidencias del llamado a cercar ciudades, incitar a los bloqueos, anuncios de impedir el ingreso de candidatos, de otras tiendas políticas, al Chapare y varias otras regiones del país; y el extremo de los últimos anuncios de que no aceptarán los resultados de las elecciones. Todas estas acciones evidencian el origen de la violencia, que el pueblo rechaza y convoca a defender su voto.