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viernes, junio 14, 2024
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Intentan destrabar las elecciones judiciales

Cada vez se aleja más la posibilidad de que se cumpla la realización de las elecciones judiciales, los tiempos necesarios para la preselección de candidatos prácticamente encima y las alternativas para llegar a un acuerdo político no aparecen, pese a la urgencia de renovar el sistema judicial, y los anuncios de acciones de algunos de los actores político-judiciales del drama que vive el país en estos momentos. Entre los últimos intentos, una reunión de las tres fuerzas políticas con representación parlamentaria, determinó dar continuidad con las elecciones judiciales mediante una ley corta que ampliará los plazos. El anuncio fue efectuado por el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez. Además, pidió al presidente nato de la Asamblea Legislativa David Choquehuanca, asumir su rol de forma «más activa» en el conflicto que paralizó los comicios.

Los representantes del Movimiento Al Socialismo (MAS), Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, acordaron elaborar una ley corta que extienda los plazos entre 30 y 40 días. El acuerdo será llevado al plenario de la cámara alta, tomando en cuenta también la opinión del Tribunal Supremo Electoral», según Rodríguez. También se acordó presentar una acción de cumplimiento para que Choquehuanca convoque a una sesión para considerar los proyectos de ley para concluir la prórroga de los actuales magistrados.

Independientemente de esas acciones, el vicepresidente Choquehuanca, presentó un memorial, al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en el que pide adelantar la revisión del fallo de la Sala Constitucional Primera de Pando que anuló las elecciones judiciales. Según una nota de prensa de la Vicepresidencia, el TCP «puede confirmar o revocar, en todo o en parte, la decisión de la autoridad judicial inferior a través de una Sentencia Constitucional, que debe ser emitida previo cumplimiento de un procedimiento». El proceso se encuentra paralizado desde el 16 de abril, como efecto de una medida cautelar que dispuso la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz al admitir un amparo presentado por la inhabilitada aspirante al Consejo de la Magistratura Margarita Medrano. Otro recurso también se presentó en Cobija, Pando.

La semana pasada, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) advirtió que la demora en el proceso de preselección de magistraturas al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) representa un «riesgo para la democracia y la seguridad jurídica del país». Exhortó a las autoridades competentes buscar la «resolución pronta de todos aquellos casos sujetos a su conocimiento», para dar continuidad a este ejercicio democrático de elección de las autoridades judiciales. También pidió a la Asamblea Legislativa Plurinacional, que se puedan lograr consensos que garanticen la «transparencia e idoneidad» en la preselección de candidatos, en el plazo establecido por ley. «El Órgano Electoral Plurinacional está preparado para convocar y administrar las Elecciones Judiciales» aseguró mediante un pronunciamiento.

En la actual relación entre la justicia, el Legislativo y el gobierno, existe una pugna por imponer supremacías, situación que está haciendo mucho daño al país. A ello se suma una interferencia mediante dos recursos judiciales que defienden intereses de algunos postulantes a la magistratura, que lograron frenar el proceso de las elecciones judiciales, que tienen un mandato constitucional y una orden del propio TCP para que determine que se realicen las elecciones judiciales.

En cuanto al pedido para que Choquehuanca convoque a Asamblea Legislativa, la Vicepresidencia del Estado argumentó que no es posible convocar a una sesión de Asamblea mientras no se remita un instrumento concreto de acción parlamentaria. El presidente del Senado y los presidentes de las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural, Miguel Rejas y Roberto Padilla, respectivamente, pidieron que se convoque a una sesión de Asamblea para definir el destino de la preselección de candidatos y de las elecciones judiciales. Junto con su petición, incorporaron informes de las labores cumplidas por ambas comisiones en el proceso de preselección, que se encuentra paralizado. Lamentablemente, parece que se imponen las posiciones obstruccionistas, ya que, de acuerdo a denuncias de parlamentarios y políticos de oposición, existe una intención para evitar que se elijan a nuevas autoridades en el Órgano Judicial, y se mantenga a los magistrados prorrogados. Consideran que no son sinceros los anuncios desde el Órgano Judicial y el gobierno, dirigidos a buscar soluciones.

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