Durante 14 años el gobierno del MAS favoreció a algunas empresas que eran adictas al esquema, al extremo de haberles otorgados millonarias sumas de dinero para publicitar sus actuados discriminando a otras que se dedicaban a informar en forma imparcial sobre los acontecimientos político económico psicosociales.
La actual administración del gobierno de transición, enfrenta una pandemia mundial y dictó medidas de previsión aceptables pero que no son cumplidas por militantes del partido del exgobernante que prosigue instruyéndoles para que la desacaten, en directo perjuicio y atentado contra la salud pública.
La Revolución Pacífica de noviembre de 2019 fue llevada a cabo por miles y miles de jóvenes de Bolivia que culminó con la resistencia y triunfo en La Paz, logrando que el expresidente renuncie y cuando diputados y senadores del MAS estaban en huida, la presidenta Añez en forma inexplicable les dio garantía para que retornen, pero estos se convirtieron en enemigos de la población que logró la renuncia de su jefe Morales
Toda la estructura política de dicho partido cayó en colchón Pullman, los nuevos mandamases de la ALP se dan a la tarea de perjudicar la lucha frontal contra el coronavirus que lleva adelante la mandataria.
Ante la cuarentana decretada y el pasar de los días, se multiplicó las necesidades de la población y de quienes vieron que su economía ingresó en colapso frustración y desesperación, porque no solo era la necesidad de adquirir alimentos sino de saber si proseguirían en empleos o si las empresas empleadoras proseguirían en su labor quijotesca de mantener fuentes de trabajo.
A la fecha se dictó medidas complementarias que son interesantes pero que no deben ser de favorecimiento a quienes durante el desgobierno de la dictadura se beneficiaron con múltiples negociados y efectuaron contratos con el Estado, que está prohibido por la CPE, logrando multimillonarios beneficios y dinero, lo peor es que dichos contratos o la aparición de empresas denominadas fantasmas no publicaron la constitución de la sociedad, a fin de evitar que el pueblo sepa quiénes eran los socios o socias, (en la mayoría familiares de diputados, senadores, ministros, vicepresidente, presidente, viceministros etc. de dicho desgobierno) motivo por el que la actual administración de la cosa pública presidida por la presidenta Añez, debe emitir un decreto por el cual se disponga que FUNDEMPRESA dé a conocer la nómina de sociedades que se inscribieron a partir del año 2016 a la fecha y además dar a conocer si dichos instrumentos públicos fueron publicados en alguna vía legal para que las mismas se pongan a derecho y quienes se beneficiaron en forma lesiva con contratos con el Estado devuelvan las sumas recibidas y sean procesados por tráfico de influencias, ocultación de documentación, falsificación de instrumentos públicos, daños económicos al Estado, etc.
De esa forma el gobierno de transición evitará que sean los mismos que se beneficiaron del MAS, los que ahora se beneficien con las medidas dictadas en la fecha.