Un juez estadounidense dictaminó ayer que los demandantes en el juicio civil contra el expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro Carlos Sánchez Berzaín no deberán ser indemnizados, pues no hay pruebas de que éstos hayan sido responsables de las muertes que motivaron la demanda.
El juez Cohn emitió ayer un fallo firme, después de haber aceptado este miércoles una moción de ambos Sánchez contra el veredicto emitido en abril pasado por un jurado que los declaró responsables de ocho muertes ocurridas en las protestas sociales registradas en Bolivia en 2003, que hicieron caer al Gobierno de Sánchez de Lozada.
El jurado también fijó compensaciones por 10 millones de dólares para los demandantes, que fueron desestimadas hoy por Cohn.
El juez señaló que los demandantes, familiares de ocho de las alrededor de 70 personas muertas en las protestas, no presentaron ninguna evidencia de un «plan concebido para matar civiles».
Sin embargo, Judith Chomsky, una de las abogadas de los demandantes, a nombre del Centro por los Derechos Constitucionales, aseguró que apelarán porque, a su juicio, el jurado llegó a la conclusión «correcta».
«Este caso no ha terminado y tenemos la intención de apelar esta decisión con prontitud», indicó Chomsky en un comunicado.
El jurado declaró el 3 de abril a ambos Sánchez responsables de ejecuciones extrajudiciales, pero no de asesinatos intencionados, lo que de acuerdo con integrantes del equipo legal de los exfuncionarios bolivianos era una «incoherencia».
La Corte no emitió entonces sentencia final y, en lugar de ello, solicitó a las partes presentar por escrito argumentos suplementarios.
Los demandados, además, presentaron una moción basada en la «Regla 50», que establece que un tribunal de primera instancia puede anular la decisión de un jurado si considera que no tuvo una base probatoria legalmente suficiente para decidir la responsabilidad de los demandados.
Esa moción fue aceptada este miércoles por el juez Cohn, antes de emitir su fallo final.
El juicio civil, considerado el primero sobre derechos humanos contra un exjefe de Estado, se amparó en la Ley de Protección a Víctimas de Tortura (TVPA, en inglés), que autoriza demandas en tribunales federales de EE.UU. por ejecuciones extrajudiciales.