Un grupo de juristas independientes comenzará a recolectar firmas la próxima semana para impulsar un referéndum para modificar parcialmente la Constitución Política del Estado en busca de una reforma de la cuestionada Justicia boliviana.
A partir del 25 de enero se habilitarán unos 17.000 libros en todo el país, con la meta de lograr 1,5 millones de firmas equivalentes al 20 % del padrón electoral, el porcentaje requerido para llevar adelante el referéndum, explicó en una rueda de prensa un representante de los juristas, José Antonio Rivera.
La recolección de rúbricas se realizará hasta marzo en espacios públicos e incluso puerta a puerta para lograr que la mayor cantidad de la población apoye esta iniciativa ciudadana para tener una Justicia «eficaz, transparente y oportuna con jueces y magistrados independientes», indicó.
La iniciativa comenzará en las ciudades capitales de las nueve regiones y luego llegará a otros municipios.
Para esta «cruzada por la Justicia», Rivera anunció una alianza con la Iglesia católica a través de la Conferencia Episcopal Boliviana y con la red Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas), una organización no gubernamental que trabaja en temas de justicia y derechos humanos.
«Creemos que ha llegado el tiempo oportuno para que todos los bolivianos pongamos un granito de arena», manifestó el arzobispo de La Paz, Percy Galván.
En caso de que se obtengan las firmas necesarias, se estima que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) llame al referéndum en agosto o septiembre, en el que se hará cuatro preguntas para lograr un cambio en la asignación presupuestaria de recursos, la independencia y la creación de juzgados de paz en los barrios, indicó Rivera.
El TSE anticipó a principios de mes que su «gran tarea» este año será la organización de la elección de altos cargos del poder Judicial, cuyas dos versiones anteriores en 2011 y 2017 fueron cuestionadas por sus resultados con mayoría de votos nulos y blancos.
La Constitución vigente en Bolivia desde 2009 introdujo la elección mediante voto popular cada seis años de las máximas autoridades de los tribunales Supremo de Justicia, Constitucional, Agroambiental y del Consejo de la Magistratura, con candidatos seleccionados previamente por dos tercios en el Legislativo.
Los votos nulos y blancos fueron promovidos por la oposición en rechazo al proceso, al considerarlo manipulado por la mayoría legislativa del Movimiento al Socialismo (MAS) para elegir a magistrados afines al oficialismo.
Estos comicios no han logrado resolver la crisis que arrastra la Justicia boliviana desde hace décadas, provocada por la lentitud en los procesos, la corrupción, las dificultades de acceso de la población al sistema judicial y la presión política sobre jueces y magistrados, lo que ha sido observado por organismos internacionales.
El Gobierno de Luis Arce habló de hacer una reforma judicial, sin llegar a concretarla, mientras que los juristas independientes trabajan desde hace meses en su propuesta del referéndum con este objetivo.