Con la aprobación de una ley, Bolivia ratificó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido también como Acuerdo de Escazú. Se trata de una norma ambiental que protege el derecho de los ciudadanos a defender el medioambiente y a actuar en el marco de la ley. Se trata de un importante avance democrático porque mediante esta ley la gente puede participar en la toma de decisiones a la vez que se protege a las personas que denuncien hechos que atentan contra los ecosistemas.
La ley ya fue promulgada y de esa manera entra en vigencia plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación. Es acuerdo contribuye a la protección del derecho de cada persona a participar en el quehacer ambiental. El artículo 7 establece el derecho de la ciudadanía a participar en la toma de decisiones ambientales, especialmente cuando existan acciones que puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente.
Asimismo, obliga a los Estados que forman parte del acuerdo a establecer en su legislación los mecanismos que aseguren el acceso a la justicia en temas ambientales. «Estos incluyen, entre otros, la creación de organismos estatales competentes y la definición de procedimientos efectivos, públicos, transparentes e imparciales». Recordemos que en Bolivia tanto la Constitución Política del Estado como las normas legales protegen el medio ambiente, la naturaleza y a la “madre tierra”, pero desgraciadamente se pasa por alto estas normas y las agresiones medioambientales son constates.
Ni siquiera se respeta el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados cuando se proyecten obras que puedan afectar su ecosistema, como ocurrió en el TIPNIS, está pasando en la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía; lo que está pasando en la Amazonía y varias regiones, supuestamente protegidas, donde ingresan los cocaleros impunemente, o donde se explotan minerales. Bolivia había firmado el acuerdo, lamentablemente incumplió el compromiso de ratificarlo en la Asamblea Legislativa dentro del plazo acordado que se cumplió en septiembre del año pasado. Pero más vale tarde que nunca y finalmente ya el acuerdo fue ratificado por nuestro país.
Varios países cumplieron el compromiso, pero algunos remolonearon la decisión. El acuerdo tiene como uno de sus puntos más importantes, garantizar la participación de las comunidades en tomas de decisiones que involucren a ambas partes. Es decir, los países que firman el tratado se comprometen a una «participación abierta e inclusiva en los procesos, sobre la base de los marcos normativos interno e internacional». Dentro del texto, se explícita que ambas partes tendrán voto en la toma de decisiones.
Otro de los puntos que promueve el pacto, es la protección a los defensores de los derechos humanos, así como «prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones» en su contra. Según un informe de Global Witnes, 116 personas fueron asesinadas en América Latina durante 2017 por defender sus tierras y enfrentar prácticas que afectan el medio ambiente. Este acuerdo ofrece a nuestros Estados y sociedades una plataforma pionera para avanzar hacia el acceso pleno a la información, a la participación más allá de la consulta y a la justicia ambiental, buscando garantizar el derecho de las generaciones presentes y futuras a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.