Las leyes no son buenas ni malas. Son los encargados de su aplicación los que enredan y dilatan los procesos al actuar bajo sospecha, mediante una serie de recursos que han elevado a la chicana a categoría de norma común y a las transgresiones como rutina. La designación del nuevo Fiscal General del Estado, y la propuesta del Gobierno de un proyecto de la Ley de Abreviación Procesal Penal, han ocasionado duras críticas tanto de oficialistas como de opositores, que observan el accionar del sistema judicial sobre el que llueven los calificativos más vergonzosos, además de justificadas dudas sobre la vigencia de los valores éticos que debieran primar entre los funcionarios judiciales.
El nuevo fiscal general, Juan Lanchipa Ponce, al asumir el cargo reconoció que el Ministerio Público enfrenta duras críticas, y dijo que era consciente de que existen muchos problemas en la investigación y el tratamiento penal de los delitos, duración prolongada de los procesos, alto índice de detenidos preventivos, abuso de la detención preventiva, sobrecarga de trabajo, hechos gravísimos que quedan en la impunidad, y otras fallas de una larga lista de debilidades y problemas. Se comprometió a cumplir la Constitución Política del Estado (CPE), y desenvolverse haciendo respetar el debido proceso y la presunción de inocencia. También anunció que una de sus primeras tareas será el cambio de los nueve fiscales departamentales.
De acuerdo a la Ley Orgánica del Ministerio Público esta institución ejerce la defensa de los intereses generales de la sociedad, dirige la investigación de los delitos y promueve la acción penal. El Fiscal General del Estado, no debe tener militancia activa o dirección en partidos, agrupaciones u organizaciones políticas. Asimismo, la norma establece que el Ministerio Público tiene autonomía funcional, administrativa y financiera. También dispone que en el ejercicio de sus funciones se regirá por el principio de oportunidad, buscando con prioridad la solución del conflicto penal mediante la aplicación de las salidas alternativas al juicio oral. La ley también establece que el Ministerio Público, deberá establecer mecanismos de coordinación con la sociedad civil, debe convocar a reuniones periódicas con organizaciones civiles. De igual forma, tiene la obligación de “informar a la sociedad, al menos cada seis meses a través de los medios de comunicación social, sobre las actividades desempeñadas, dificultades y logros en el ejercicio de su misión”. Desgraciadamente, el respeto y cumplimiento de estos enunciados no encuentra la luz al final del camino.
En cuanto al nuevo proyecto de Ley de Abreviación Procesal Penal, el ministro de Justicia, Héctor Arce, dijo que su objetivo de reducir las detenciones preventivas, agilizar los procesos y enfrentar la retardación de la justicia. Explicó que se introduce una serie de medidas, entre ellas, que todas las notificaciones ya se realicen por la vía informática, que el fiscal establezca un plazo de duración de la detención preventiva, que la apelación contra la detención preventiva sea conocida por un solo vocal y no como en la actualidad por un tribunal de sala.
El proyecto también busca la reducción del plazo para el tratamiento de todas las salidas alternativas (cesación a la detención preventiva) de cinco días a 48 horas, y se pretende que, una vez iniciado el juicio, el mismo se desarrolle hasta su conclusión en el marco de un principio de continuidad. Se crearán oficinas gestoras de los procesos que se encargarán de señalar las audiencias a los jueces.
Ojalá se cumplieran estos objetivos, y no se queden como simples paliativos, pero en los hechos, los litigantes, y la sociedad en general ven impotentes cómo el sistema judicial continúa su vertiginosa caída arrastrado por irregularidades que van desde la corrupción, falta de idoneidad, pasando por la falta de independencia que deriva en imposiciones de otros poderes y otros males que han dejado mal parada a la justicia y al Ministerio Público.