La justicia negó este miércoles un recurso de libertad al exlíder cívico Marco Antonio Pumari, detenido el pasado fin de semana por supuestos destrozos de un tribunal electoral departamental y una patrulla policial durante la crisis política de 2019.
La fiscal departamental de Potosí, Roxana Choque, señaló que la petición de Pumari «ha sido resuelta» y que finalmente «se ha denegado la tutela» planteada por los abogados del exdirigente cívico y excandidato a la Vicepresidencia del país.
«El tribunal de garantías constitucionales ha establecido que no ha existido en ningún momento una aprehensión ilegal ni mucho menos se ha evidenciado la vulneración de derechos», señaló la fiscal potosina en declaraciones a medios.
Pumari fue detenido el jueves pasado por la noche y lo llevaron a Betanzos, un pueblo cercano a la ciudad de Potosí, y luego lo trasladaron hasta la localidad de Llallagua, uno de los bastiones políticos del Gobierno, donde se realizó una audiencia que determinó su detención preventiva por seis meses.
Tanto los abogados de Pumari como los dirigentes del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) calificaron su aprehensión como un «secuestro» por no tener una notificación para declarar y que inclusive se lo había torturado.
Ante esto, Choque manifestó que un médico forense «hizo la verificación integral de la situación física» de Pumari que estableció que «no existía ningún tipo de lesiones».
La detención de Pumari provocó que las tensiones entre algunas regiones y el Gobierno renazcan y que en la víspera se desarrollara una marcha y un cabildo encabezado por Comcipo que exigió la «libertad inmediata» de los «presos políticos» así como reformas judiciales y en el ámbito electoral.
También se determinó una movilización para los próximos días y un cabildo nacional el 15 de enero en Santa Cruz.
Además de Pumari se investiga a Juan Carlos Manuel, presidente de Comcipo, que según se dijo se puso a «buen recaudo» y es considerado por el Gobierno como un «prófugo» de la justicia.
Algunos familiares de Manuel denunciaron que la Policía ha amenazado con dar de baja al hijo del dirigente cívico, que tiene el grado de teniente en la institución, bajo la condición de que revele el paradero de su padre que tiene una orden de aprehensión.
No obstante, esta afirmación ha sido negada este miércoles por el comandante General, Jhonny Aguilera, quien dijo que no se ha aplicado algún tipo de presión contra el hijo del dirigente.
La ciudad de Potosí, junto a Santa Cruz, es uno de los principales focos de oposición en Bolivia que tuvo un rol fundamental en las protestas de noviembre contra una polémica ley que forzaron a que el Gobierno anule esa norma.
El Ejecutivo sostuvo que esas protestas fueron el intento de un «segundo golpe de Estado» como consideran que ocurrió en 2019, cuando Evo Morales renunció a la Presidencia tras denuncias de fraude a su favor en los fallidos comicios de ese año.