El macabro descuartizamiento de una joven en Bolivia, cuyo principal acusado tiene 22 años y antecedentes por un infanticidio, ha dejado en evidencia dos grandes pendientes que el país y su precario sistema carcelario deben atender, la justicia restaurativa y la reinserción post penitenciaria.
La muerte violenta de la joven a manos de un muchacho que estuvo en un centro de rehabilitación de adolescentes por haber violado y matado a una niña de 4 años en 2014 encendió las alarmas sobre la eficacia de la reinserción social en el país.
La Defensoría del Pueblo se manifestó en ese sentido en un comunicado que señala que el suceso muestra la «ineficacia» de los procesos de reinserción social para personas «de alta peligrosidad» que cometieron delitos como asesinatos, violaciones, feminicidios o infanticidios.
«En centros penitenciarios para adultos y centros de reintegración social para adolescentes hemos visto que hay debilidades en los términos de reinserción», dijo a Efe la defensora interina del Pueblo, Nadia Cruz.
Entre los problemas está el hacinamiento carcelario, que actualmente supera el 160 % y que «hace casi imposible que se puedan generar en estos espacios procesos de inserción social», a lo que se suman la insuficiencia de infraestructura y equipamiento y el presupuesto limitado.
Otro inconveniente es la cantidad de personas con detención preventiva, que al menos son seis de cada diez reclusos que, además, pueden llegar a pasar varios años en prisión sin una condena en firme.
Según Cruz, por el número de detenidos preventivos, las personas con sentencia «que ya deberían empezar con procesos de reinserción también se ven limitados tanto en espacio como en servicios para poder generarse» esta reintegración social.
Sin clasificación ni personal
La falta de personal y el hecho de que la población carcelaria no esté clasificada según la gravedad del delito cometido son dos aspectos que cuestiona Ramiro Llanos, exdirector de Régimen Penitenciario y docente de Criminología de la Universidad Pública de El Alto (UPEA).
Cuando una persona entra en prisión, un consejo penitenciario conformado por psicólogos, médicos, trabajadores sociales, educadores y abogados debe hacerle un «diagnóstico, un plan de vida y un pronóstico» para su reinserción, pero esto no ocurre en Bolivia por la insuficiencia de profesionales frente a la enorme cantidad de reos, explicó a Efe.
Según Llanos, en Europa hay un rehabilitador por cada preso, en Latinoamérica la media es de uno a nueve y en Bolivia es de uno a 900, lo que supone que así «nunca vamos a rehabilitar a nadie».
«Además las cárceles están llenas de alcohol y droga, y no hay clasificación», pues conviven personas encarceladas por delitos menores junto a «violadores, asesinos y contándose sus anécdotas», lo que genera un «contagio criminal», alertó.
Cruz también mencionó que los reclusos con problemas psicológicos o que requieren atención psiquiátrica no la llegan a tener por el reducido personal especializado en las cárceles.
La Defensoría planteó en 2019 la necesidad de habilitar «centros psiquiátricos específicos para personas que están siendo sancionadas como consecuencia de un ilícito».
Esto no existe actualmente, pues esta población permanece en prisión o es enviada a psiquiátricos donde convive con gente que no ha cometido delitos.
Cruz lamentó además que las personas encarceladas por delitos violentos «no cuentan con medidas específicas de reinserción o de reintegración», lo que supone que su paso por la cárcel se limita a la privación de libertad.
«Por eso se señala que las cárceles y los centros de reintegración llegan a tener como una puerta giratoria (…), pues las personas cuando salen no necesariamente han recibido la asistencia total para tener un cambio de actitud o generarse un nuevo proyecto de vida», advirtió la defensora.
Acciones
Llanos señaló que una verdadera justicia restaurativa no se limita a los menores, como mayormente se la entiende en Bolivia, sino que supone, entre otros, un proceso de diálogo, de arrepentimiento y un castigo que sirva a la comunidad, además de llegar a tener la voluntad de no volver a delinquir.
Esto no ocurre en Bolivia porque, según dijo, no hay gente que conozca estas técnicas, ni hay «voluntad» para que cambie la situación.
Para Llanos, «tiene que haber un cambio de visión» para privilegiar a los civiles expertos en rehabilitación antes que a los policías en el régimen penitenciario.
Cruz consideró «fundamental» aplicar acciones como los protocolos post penitenciarios para dar seguimiento a quienes cumplen una sentencia o ya han dejado la prisión.
Este seguimiento da la sensación de que esta persona va a tener al Estado y las instituciones «mirándole, asistiéndole» ante una eventual recaída, y en los casos de personas recluidas por «delitos patrimoniales», se le ayudaría a acceder por ejemplo a un trabajo, consideró.