La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) «responsabilizaron» al Gobierno de «no evitar» las agresiones en contra de los trabajadores de la prensa durante las movilizaciones a favor y en contra de la detención del gobernador de Santa Cruz, el líder opositor Luis Fernando Camacho.
Los gremios de la prensa «repudiamos la violencia desatada por grupos de choque del Movimiento al Socialismo (MAS) y responsabilizamos al Gobierno por no haber evitado las agresiones y ataques contra periodistas y camarógrafos durante las movilizaciones por la paz y la democracia en la ciudad de La Paz».
Camacho fue detenido en Santa Cruz el pasado 28 de diciembre de 2022 en un cuestionado operativo policial y la Justicia determinó detención preventiva por cuatro meses en una cárcel de máxima seguridad en el departamento de La Paz, acusado de terrorismo por el caso conocido como «golpe de Estado I» por la crisis política y social de 2019.
Esta situación ha generado jornadas de enfrentamientos, la quema de infraestructuras públicas como la Fiscalía departamental de Santa Cruz, entre otros incidentes.
Este martes se realizaron movilizaciones en varias regiones del país en las que se registraron enfrentamientos entre grupos opositores y oficialistas, que en el caso de la ciudad de La Paz fueron más violentos.
Al menos siete periodistas y tres camarógrafos sufrieron ataques que son atribuidos a los «grupos de choque del MAS».
«Los actos de violencia contra periodistas en La Paz repiten el mismo patrón de conducta agresiva en diferentes escenarios de conflicto en el país, lo que muestra premeditación por parte de quienes comenten este tipo de agresiones respondiendo al mandato del oficialismo», señalaron la ANPB y la APLP en un comunicado conjunto.
Asimismo, denunciaron «que este tipo de hechos vulneran la libertad de prensa, tienen la manifiesta intención de generar un efecto amedrentador y de silenciamiento de las y los periodistas; violan la libertad de expresión y, por tanto, el derecho de la sociedad en su conjunto a recibir información».
Las asociaciones de la prensa también advirtieron que a estas situaciones «se suma la falta de debida diligencia en la investigación, persecución y sanción de todos los responsables generando la violación del derecho al acceso a la justicia».
Y en ese sentido, afirmaron que la «Policía no cumple con su labor de proteger a los ciudadanos y evitar los enfrentamientos de grupos distintos».
La ANPB y la APLP responsabilizan al Gobierno de Luis Arce «por el incumplimiento de su obligación de garantizar la seguridad, la integridad física y la vida de los y las periodistas y exigimos la adopción de medidas concretas de protección al trabajo periodístico y sanción a los responsables para poner fin a la impunidad».
Además, varios medios denunciaron que el excandidato a defensor del Pueblo Pascual Mamani Marca, activista afín al Movimiento al Socialismo (MAS), propuso mediante un video en sus redes sociales «incendiar las instalaciones» de la cadena privada Unitel y «asesinar» a los periodistas de ese medio televisivo.
Por su parte, la Defensoría señaló que «rechaza todo tipo de amenazas a los trabajadores de la prensa que pongan en riesgo su integridad emocional y física que, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, generarían un efecto amedrentador, de silenciamiento y autocensura de comunicadores y comunicadoras».