Los principales gremios de periodistas de Bolivia denunciaron este martes un «acoso judicial» contra los informadores activado por la Fiscalía para hallar supuestos «delitos» en «faltas administrativas» ocurridas durante la gestión transitoria de Jeanine Áñez.
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) emitieron un comunicado conjunto en el que manifiestan su rechazo «al acoso judicial contra periodistas que la Fiscalía activa para encontrar delitos allí donde sólo existen fallas administrativas».
Según estas entidades, ya son cinco los periodistas que trabajaron en el canal estatal Bolivia TV durante el Gobierno interino de Áñez que son procesados penalmente por haber tomado «decisiones administrativas» en ese periodo.
El caso más reciente es el de los periodistas Gonzalo R. y Shirley G., a quienes el Ministerio Público citó a declarar «con la manifiesta intención de someterlos a un proceso penal por faltas de orden administrativo supuestamente cometidas cuando desempeñaron funciones» en el canal estatal durante la gestión transitoria.
A este caso se suma el de Andrés R. y Adriana G, a quienes se acusa por haber contratado también para trabajar en Bolivia TV a un tercer informador supuestamente con un salario mayor al que le correspondía.
«Consideramos desproporcionada y fuera de norma la acusación por la firma de un contrato que debe ser tramitado por la vía administrativa pero que, sin embargo, la Fiscalía interpreta como un acto lesivo al Estado, tipificado como un delito sancionado con 5 a 10 años de cárcel», advirtieron los gremios.
Para las asociaciones, «detrás de esta acusación se esconde la intención del Gobierno de convertir una falta administrativa en un delito penal para acusar a periodistas no por las funciones que cumplieron sino por razones políticas».
La ANPB y la APLP demandaron «el cese del acoso judicial contra los periodistas» que «lo único que hicieron fue ponerse al servicio de un medio estatal en un momento de aguda crisis democrática en el país».
El caso de Andrés R. y Adriana G. motivó un pronunciamiento de Human Rights Watch (HRW), que en agosto pasado expresó preocupación por el proceso penal contra ambos informadores.
El Ministerio Público ve un supuesto «daño económico» al Estado en ese caso, mientras que a Gonzalo R. y Shirley G. los acusa de «incumplimiento de deberes» por una contratación que supuestamente no tuvo seguimiento administrativo posterior.