La Cancillería convocó al cónsul del país en Barcelona para que rinda un informe y aclare su rol en la adquisición de respiradores españoles con supuesto sobreprecio, que ha destapado un caso de presunta corrupción en plena pandemia por el COVID-19.
«He convocado al cónsul para que rinda un informe presencial en la Cancillería de todo lo acontecido y esclarezca cuál ha sido su rol en todo este proceso de adquisición de respiradores», aseguró la ministra de Exteriores, Karen Longaric, en una rueda de prensa en La Paz.
El pasado martes se reveló el supuesto sobreprecio de ventiladores tasados en algo más 27.000 dólares cada uno mediante un crédito que el Estado boliviano contrajo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero que cuyo costo real es de 10.000 aproximadamente.
En contactos con medios bolivianos, el cónsul de Bolivia en Barcelona, David Pareja, aseguró que su rol en el proceso de adquisición de 170 respiradores para pacientes con el COVID-19 fue el de verificar su despacho y no así la verificación del proceso de adquisición con una firma española.
El suceso ha ocasionado la destitución del ministro de Salud Marcelo Navajas y de varios funcionarios de esa repartición, acusados de participar en la compra de los equipos observados, que el Gobierno interino de Jeanine Áñez ha entregado en varias regiones.
El Ministerio de Justicia, que ha tomado parte en la denuncia, explicó que el cónsul deberá presentarse ante la Fiscalía inicialmente como testigo, por ser la persona a quien se le encomendó verificar la cantidad y existencia de los equipos.
«La Cancillería no tiene entre sus roles el realizar contrataciones, hacer compras, hacer acuerdos económicos», manifestó la canciller Longaric consultada sobre el rol que su ministerio tuvo en la adjudicación de equipos.
Sin embargo, Longaric aparece en una denuncia que un grupo de parlamentarios del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales hicieron por la polémica compra y que ha sido calificada por la ministra interina como «un afán que tiene bases políticas e ideológicas».
La entrega de estos 170 equipos fue observada porque además no servirían para la atención de pacientes con COVID-19 en estado grave, según un pronunciamiento de especialistas médicos del país.