El país requiere conocer la realidad y no las apariencias. Los bolivianos están cansados de la fabricación de carismas, de propaganda para inflar los hechos, ocultar la realidad y sostener argumentos con ambigüedades para evitar la transparencia. El pueblo tiene derecho a conocer la verdad en todos los ámbitos de la vida pública. Pretender mostrar solo una imagen forzada de la realidad es el peor engaño que se le puede hacer a la ciudadanía en momentos en los que quiere informarse con amplitud para decidir en las urnas sobre el futuro. Son muchos los intentos que han hecho el gobierno y la Asamblea Legislativa Plurinacional para acallar a la prensa.
En ese afán han concebido serie de normas, todas rechazadas por la comunidad nacional, pero varias de ellas, aunque en forma parcial, lograron ser aprobadas camufladas en otras leyes. Pero el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) no requirió cambiar la legislación, y decidió pasar por encima de la Constitución Política del Estado y determinó una «censura previa», mostrando nuevamente su parcialidad al impedir la circulación de una encuesta sobre preferencia electoral, realizada por varias instituciones lideradas por el sistema universitario. A propósito de esta situación, la CPE en el Art. 106, señala que se garantiza la libertad de expresión, de opinión, de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa».
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha emitido normas sobre la elaboración de las encuestas con una serie de medidas restrictivas que atentan contra el derecho del pueblo a saber y conocer y ser informado, no obstante que la Convención Americana de Derechos Humanos prohíbe la «censura», en la realización y difusión de encuestas, cuando los requisitos se convierten en un «impedimento» o «limitaciones» para su práctica. Precisamente el relator especial de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, explicó que, si bien las encuestas deben estar bien elaboradas, con calidad, con la respectiva ficha técnica, de quién hace la encuesta, por un manejo transparente, estos requisitos mínimos que pueden estar regulados por ley, no pueden constituirse en un impedimento para que se practiquen o se difundan sus resultados.
Como decíamos antes no es la primera vez que las autoridades atentan contra el derecho del pueblo a mantenerse informado. Son muchas las acciones y omisiones para impedir que los medios de comunicación puedan trabajar libremente y acceder a las fuentes directas de información. Desde 2006, al anunciarse el proceso de cambio, ha habido por lo menos seis intentos por anular la ley de imprenta, imponer normas restrictivas a la labor periodística o acabar con medios de comunicación contestatarios, y hasta atentados directos contra medios de comunicación y trabajadores de la prensa.
Recordemos que primero en el antiguo Congreso, se presentó un proyecto para modificar la ley de imprenta con el pretexto de adecuarla a los tiempos. Posteriormente, en la Asamblea Constituyente el proyecto original condicionaba la libertad de prensa, pero felizmente se logró eliminar esa cuestión. Ya en la Asamblea Legislativa se propuso un proyecto de «ley de acceso a la información pública», que impedía el acceso a las fuentes de información y penalizaba la difusión de información que, en criterio del gobierno fuese perjudicial para la economía. Posteriormente se proyectó una Ley del Sistema Penal, (nuevo código de procedimiento penal) que no solamente coartaba la libertad de expresión e información sino algunos de los derechos y libertades fundamentales. El último intento fue la ley de «Responsabilidad de la información», con la que se pretendía hacer al gobierno dueño y administrador de la verdad, proyecto que también quedó en nada por su naturaleza contradictoria con las normas legales nacionales, por violar la Constitución Política del Estado y transgredir la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En todos estos casos hubo movilizaciones y pronunciamientos de la ciudadanía.
Daría la impresión que se considera que la ciudadanía carece de capacidad para discernir la verdad de la mentira, la sinceridad del engaño, y que se puede impunemente esconder la realidad. Es apropiada para este caso la frase «puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo.» Una conclusión que no amerita muchas explicaciones es que quienes traban, perjudican y coartan la libertad de expresión tienen algo que ocultar.