La Cámara Nacional de Comercio (CNC-Bolivia) rechaza el proyecto de ley 597, que establece la condonación del 50% del pago de alquileres de viviendas, comercios y otros mientras dure la cuarentena, debido a que vulnera el derecho a la propiedad privada establecido en la Constitución Política del Estado (CPE) y otras normas vigentes.
El presidente de la CNC-Bolivia, Dr. Rolando Kempff, expresó su preocupación por la propuesta normativa debido a que el sector no fue convocado por el Legislativo para discutir los aspectos que implican su cumplimiento.
El 28 de abril, el proyecto de ley de Cancelación a Plazos del Canon del Alquiler y Condonación Parcial del Impuesto Municipal y Anual de la propiedad del Régimen Complementario del Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA) fue aprobado, en grande y en detalle, por la Cámara de Diputados y pasó al Senado para su tratamiento.
La norma, presentada por el MAS, dispone la condonación del 50% del pago del canon de arrendamiento de bienes destinados a la utilización de vivienda hasta un máximo de Bs 5.000. La medida también alcanza a las tiendas o espacios comerciales o prestación de servicios hasta un máximo de Bs 7.000, así como a los bienes destinados al uso industrial, hasta un máximo de Bs 15.000.
La condonación se aplicará por los meses en que dure la cuarentena por el coronavirus.
Al respecto, Kempff rechazó la condonación de la mitad del pago del alquiler de las viviendas y los comercios porque vulnera el derecho a la propiedad privada.
Asimismo, manifestó que ve “poco probable” la cancelación del otro 50% de los alquileres que sería reprogramado para enero de 2021, como indica la norma.
En ese entendido, el ejecutivo explicó que el proyecto de ley viola la Constitución debido a que en la misma se reconoce a la propiedad privada como un “derecho fundamental”.
El parágrafo primero del artículo 56 de la CPE dispone que toda persona tiene derecho a la propiedad individual o colectiva, siempre que ésta cumpla una función social.
El presidente citó, por ejemplo, que esa función social puede ser ofrecer una vivienda o un espacio para la instalación de un comercio, industria o para que una persona pueda realizar una inversión que le permita tener una vivienda, mediante un préstamo del banco y que el inmueble sea la garantía del crédito.
Mencionó además que el artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos señala que toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente y nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
Kempff agregó que el artículo 3 en la Ley del Inquilinato, aprobada en 1959, dispone que en los almacenes, tiendas, pulperías, depósitos, oficinas profesionales, hoteles y otros locales comerciales o industriales estarán sujetos al régimen de libre contratación.
Ante esto, el ejecutivo afirmó que una comisión jurídica y un grupo de especialistas del gremio analizaron el proyecto de ley e identificaron una serie de observaciones porque la norma implica efectuar modificaciones al Código Civil y la Constitución, por lo cual se podría presentar un recurso de inconstitucionalidad abstracta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para declarar la nulidad de la norma.
“Un contrato entre privados está debidamente protegido por la ley y la Constitución, así como el propio Estado, que no debería tener injerencia a ese nivel, una ley de éstas características no debería fracturar dicha estructura institucional”, aseguró Kempff.
En tanto, la propuesta normativa como “compensación” posibilita que los propietarios de los inmuebles puedan acceder a la condonación del pago del impuesto mensual del RC-IVA por cuatro meses.
No obstante, el presidente precisó, según datos del gremio, el 70 % de los contratos de alquileres no cuentan o no se emiten facturas, los que se suscriben en el país. Por lo cual, dijo que la condonación del pago del impuesto del RC-IVA es “irreal”.