La conflictividad social en nuestro país se mantiene con las mismas motivaciones durante mucho tiempo, aunque varían los factores y los actores principales. El origen de los conflictos es diverso, pero existen elementos que avivan los problemas, entre ellos los desacuerdos políticos, las necesidades sectoriales y las demandas económicas. En este momento hay varios conflictos latentes que enturbian el ambiente, aunque para muchos, la tensión se ha convertido en un elemento de la cotidianidad o de la normalidad. Coyunturalmente, unas veces los desacuerdos surgen de sectores sociales, regiones, fuerzas políticas, y organizaciones que mantienen inconvenientes internos que trascienden hacia la comunidad.
En determinado momento fueron los médicos y trabajadores de salud que iniciaron movilizaciones contra decisiones del gobierno que aparentemente afectaban a ese sector, pero que resultaron ser mucho más profundas al coartar los derechos y libertades de todos los ciudadanos, lo que derivó en una movilización de gran parte de la comunidad nacional, logrando que se deroguen las medidas. Lo mismo ocurrió con una ley que aparentemente buscaba combatir el lavado de activos, pero que incluía alcances que afectaban las libertades de la gente. Las demandas por el censo, o las últimas movilizaciones surgidas en Santa Cruz, tuvieron componentes diversos que van de lo económico a lo político y regional.
Ahora, son los maestros los que están en las calles en demanda de un mayor presupuesto para el sector y en protesta por la imposición de una malla curricular educativa con alto contenido político partidista. Las movilizaciones del magisterio se incrementan pese a la represión policial, y no se vislumbra ninguna solución. Hay maestros detenidos que agravan la situación. La ciudad de La Paz es el escenario de marchas que fueron repelidas por las fuerzas del orden.
Pero la conflictividad no se limita a este sector movilizado. Existen problemas latentes a punto de manifestarse, en sectores que mantienen diferencias desde hace mucho tiempo, como los cocaleros de los Yungas, que en cualquier momento pueden volver a las calles. Potosí está en emergencia, sus dirigentes cívicos en huelga de hambre, y la población alterada por la división partidista, las agresiones a dirigentes, la muerte de cívicos, y varias demandas de la población potosina que fueron desatendidas y defraudadas, como las aguas del Silala, o la exigencia de una ley que aumente la participación en las potenciales regalías por el Litio. Simultáneamente, se observan los proyectos del gobierno para la explotación de la riqueza del salar de Uyuni. Como se puede reconocer por todos estos antecedentes, la conflictividad es permanente, y solamente cambian los actores principales, sectores que toman iniciativas o situaciones que agravan un problema. Pronto surgirán las demandas salariales por la pérdida del poder adquisitivo, y será difícil que la COB oficialista pueda salvar el trance.
Un estudio anterior de la Fundación UNIR, señala que conflictividad social en Bolivia es resultado de la existencia de posiciones enfrentadas –con frecuencia de manera irreductible– sobre diversos temas, lo que revela que en Bolivia hay niveles muy bajos de cohesión social, escasas posibilidades de gestión de los asuntos por las vías institucionales de diálogo constructivo y de visualización de horizontes comunes. Considera que predominan los conflictos vinculados con la situación económica por la que atraviesa el país. El carácter de las demandas sociales es fundamentalmente redistributivo: reproducción social (43%), las demandas transformativas referidas al reconocimiento y realización de cambios son menores (20%). La mitad de los conflictos producidos durante el periodo del estudio (noviembre de 2021- marzo de 2022) no encontró solución, quedando vigentes o latentes, que podrían reactivarse en el futuro; solamente en 9% de los casos se llegó a acuerdos parciales o totales. Es posible interpretar que la magnitud de conflictividad, no ha cambiado.
En el período de ese análisis, la conflictividad social en el país alcanzó un total de 363 casos. UNIR recomienda la necesidad de prevenir (evitar) los conflictos sociales y, por otra, considera que los conflictos son oportunidades para realizar cambios necesarios en la sociedad. Si bien es clara la imposibilidad de evitar la conflictividad ya que ésta es inherente a toda sociedad, es posible realizar algún tipo de trabajo preventivo en relación con la naturaleza compleja de los problemas, el escalamiento de los conflictos y su derivación en violencia. Los conflictos per se no son motores de cambio; dependiendo de cómo se planteen y se gestionen podrían convertirse en esas oportunidades de transformación. El análisis de la conflictividad social en Bolivia que la Fundación UNIR realiza desde hace 16 años permite reconocer que, en algunos casos, la movilización social ha tenido logros importantes, como hacer visibles problemas y actores, y la toma de decisiones significativas. Sin embargo, en gran parte es perniciosa ya que no ha permitido resolver los problemas que dieron origen (el resurgimiento y la recurrencia de gran parte de los conflictos es muestra de ello), ha ahondado la confrontación entre sectores y grupos y generado frustración y malestar que afectan la convivencia ciudadana y la calidad de vida de la población.