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miércoles, agosto 10, 2022
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La Contraloría y la corrupción

La fiscalización del manejo de los bienes, recursos e intereses del Estado y de la ciudadanía es una función derivada del aparato estatal que tiene para este fin a varias instituciones, entre ellas la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y la Contraloría General del Estado (CGE), además de funciones específicas de algunas secretarias de Estado, como el Ministerio de Justicia y las diferentes oficinas creadas para evitar la corrupción y velar por el respeto a las normas legales. Lamentablemente, en los últimos quince años esta responsabilidad ha quedado al margen debido a una distorsión en el ejercicio del gobierno, que se ha caracterizado por el abuso del poder en diferentes formas, especialmente incumpliendo las normas legales.

La ALP, compuesta por una mayoría oficialista, nunca se interesó por velar el respeto al ordenamiento legal y menos por fiscalizar las irregularidades en la administración del Estado. La Contraloría General, que tiene una función específica para establecer responsabilidades en el manejo de los bienes y recursos del Estado, estuvo dirigida, desde 2006, por una persona designada directamente por la Presidencia de la República, al margen de lo que manda la Constitución Política del Estado (CPE). Inclusive, cuando se logró designar a un contralor desde la ALP, después de ocho años de interinato, gracias a la mayoría de representantes del MAS se designó a una persona afín al partido de gobierno.

El resultado ha sido una andanada de hechos de corrupción de los que la mayoría no fueron investigados, dejándose pasar decenas de escándalos. Los medios de comunicación registran numerosas denuncias de presuntos hechos ilícitos que hasta ahora están en la impunidad. Ahora, el presidente Luis Arce ha designado en forma interina a la señora Nora Herminia Mamani Cabrera como Contralora, hasta que el Legislativo elija a la nueva autoridad mediante los mecanismos constitucionales. La nueva funcionaria reemplaza a Henry Ara, que concluyó su gestión. La flamante Contralora agradeció la confianza depositada en su persona por el Presidente Arce, y dijo que «asumía el compromiso de seguir con el trabajo de sus antecesores para que el ente de control gubernamental cumpla con sus funciones de velar, de fiscalizar, a efectos de coadyuvar con una gestión administrativa que sea eficiente en beneficio del pueblo boliviano», señaló. Parece que la señora Mamani Cabrera considera que hubo una eficiente labor fiscalizadora, probablemente, no se enteró del desfalco al Fondo Indígena y de las varias denuncias en YPFB y otras dependencias, especialmente en las empresas estatales; Policía y Fuerzas Armadas. En otras palabras, con este nuevo interinato se ofrece más de lo mismo que llevó al país a la situación actual, que no es precisamente un ejemplo de ética, moral, eficiencia y coherencia con los postulados enmarcados en la CPE.

Frente a la actual realidad es preciso recordar que Bolivia se encuentra catalogada entre los países con mayor índice de corrupción. Con una calificación de 30 puntos sobre 100, Bolivia continúa entre los países de mayor percepción de la corrupción en el mundo. Los países más cercanos a cero son más proclives a la corrupción y los más cercanos a 100 son los más transparentes. El Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2021, elaborado por Transparencia Internacional (TI), que periódicamente examina a 180 países de los diversos continentes, registra a Bolivia con bajos niveles de transparencia. Desde su creación en 1995, el IPC es el principal indicador global de la corrupción en el sector público. Para la gestión 2021, Bolivia obtuvo un puntaje de 30 sobre 100, lo que implica que bajó otro punto en la calificación respecto al año 2020, cuando obtuvo 31 sobre 100. Respecto a la ubicación en el ranking de transparencia, se sitúa en el puesto 128, cuatro puestos más abajo respecto a un año anterior.

Otro estudio ubica a nuestro país en el penúltimo puesto en el ranking Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) 2022. Algunos medios publicaron ese informe recientemente, mismo que evalúa la capacidad de América Latina para detectar, castigar y prevenir la corrupción. El estudio es efectuado por la organización Americas Society/Council of the Americas (AS/COA), con sede en Nueva York, un foro dedicado a la educación, al debate y el diálogo en las Américas. El informe indica que Bolivia se ubica penúltima, puesto 14, con un puntaje de 2,57 sobre 10, solamente por encima de Venezuela que ocupa la última casilla con 1,63. El primer peldaño corresponde a Uruguay con 7,42.

De hecho, la imagen de Bolivia sobre transparencia en la gestión pública es muy pobre, y deficientes los mecanismos para combatir la corrupción. Mientras no se designe a una persona con independencia política y que profesionalmente sea idónea al cargo, y además cuente con respaldo institucional del oficialismo y la oposición, la fiscalización seguirá con el mismo ritmo. Debemos recordar que la CPE, en el Art 113 determina que «la Contraloría General del Estado es la institución técnica que tiene la función y control de la administración de las entidades públicas y de aquellas en las que el Estado tenga participación o interés económico. La Contraloría eta facultada para determinar indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal; tiene autonomía funcional, financiera, administrativa y organizativa». Art. 214 complementa y manda que «La Contralora o Contralor General del Estado se designará por dos tercios de votos de los presentes en Asamblea Legislativa Plurinacional. La elección requerirá la convocatoria pública previa, y calificación de capacidad profesional y méritos, a través de concurso público».

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