La corrupción e incumplimiento de deberes, en el ejerció del manejo de la cosa pública, que lleva al enriquecimiento ilícito en función del tráfico de influencias en razón del cargo, causa graves daños económicos y morales a los Estados.
En la mayoría de los gobiernos llamados de izquierda o socialismo del siglo XXI, que en su momento obnubilaron a los pueblos, con promesas incumplidas una vez en el ejercicio del poder, se iniciaron y procesan acciones judiciales y están siendo investigados por hechos de corrupción que los hicieron multimillonarios y causan repudio, según información de medios de comunicación de todo el mundo.
Con el apresamiento de Ignacio Lula Da Silva, en Brasil, por sentencia condenatoria de 12 años de cárcel, el affaire de Cristina Fernández Vda. de Krischner, en Argentina; que hizo lo imposible para llegar al Parlamento y tener fuero, pero, igual, está siendo objeto de investigación y será procesada, la destitución de Pedro Pablo Kuczynski en Perú, las investigaciones contra Rafael Correa, en Ecuador, son muestra de lo que ocurre en América Latina.
Lo que está ocurriendo en Nicaragua, con cientos de muertes inútiles, ni que decir lo que pasa en Venezuela, decepciona a la mayoría de la población de esta parte de América Latina, porque en su momento dichos gobernantes, «decían que lucharían contra la corrupción y en favor a los pobres y que en sus gobiernos no habría represión policiaco militar», habría respeto a la libertad de prensa, expresión, difusión del pensamiento, pero todo quedó en promesas. Al extremo que «la Cumbre de Lima», tuvo que desconocer a Nicolás Maduro como Presidente.
La corrupción en dichos Estados ha dejado sin fuentes de trabajo a miles y miles de ciudadanos que ya no pueden mantener a su familia. La corrupción debe y tiene que ser sancionada «venga de donde venga y caiga quien caiga», los administradores de la cosa pública deben tener presente, que tarde o temprano se descubrirán sus actos de corrupción, porque los delitos contra el Estado no prescriben en el tiempo y espacio. Los administradores de la cosa pública deben respetar los derechos y garantías constitucionales, la Carta Orgánica de la OEA y los principios de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Los gobernantes, que transitoriamente administran la cosa pública, no deben olvidar que todo tiene comienzo y fin, los períodos constitucionales se cumplen y al final deben rendir cuentas al pueblo. De lo contrario siempre serán cuestionados e investigados y finalmente sentenciados como ocurrió con el caso del expresidente de la nación más poderosa de América, el Brasil, Ignacio Lula Da Silva con 12 años de cárcel por actos de corrupción, que por su edad saldría libre a sus 90 años.
Los políticos, deben trabajar en la administración pública, acatando principios éticos, morales y de servicio al bien común, cumpliendo promesas electorales, respetando la Ley, la Constitución Política del Estado, para consolidar el sistema democrático y las libertades democráticas de sus Estados que desean vivir en Paz y Libertad. Porque la Política, a decir de García Pelayo, es: «como una realidad social específica caracterizada por la conversión, mediante un proceso integrador, de una pluralidad de hombres y esfuerzos en una unidad de poder y de resultados, capaz de asegurar la convivencia pacífica en el interior y la existencia autónoma en el exterior».