Combatir la corrupción se ha hecho una tarea muy difícil en Bolivia, que pierde miles de millones por las irregularidades en la administración de los recursos del Estado, la evasión tributaria, el lavado de dinero, y otras formas que utiliza el crimen organizado. Pero Naciones Unidas ha elaborado algunas estrategias para combatir estos flagelos, que nuestro país podría adoptar, si realmente existe la voluntad política para erradicar estas prácticas delictivas. La presidenta del Consejo Económico y Social de la ONU, Lachezara Stoeva, durante un encuentro para «aprovechar el poder transformador del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16», que busca promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, afirmó que la corrupción tiene efectos perjudiciales para el desarrollo sostenible en todos los países y su coste es abrumador.
Afirma que «la corrupción se lleva más del 5% del PIB mundial. De los aproximadamente 13 billones de dólares de gasto público mundial, hasta el 25% se pierde a causa de la corrupción». Sin embargo, Stoeva declaró que los avances sobre paz, justicia, e instituciones sólidas, tal y como promueve esa meta número 16, pueden generar lo que calificó de un «círculo virtuoso». Considera que este Objetivo es un requisito indispensable para la aplicación efectiva de todos los demás. A su vez, este avance se convierte en un factor que permite dar respuestas más eficaces a la corrupción».
Para conseguirlo, propone reducir los flujos financieros ilícitos y combatir la corrupción y el soborno en todas sus formas. También explicó que «los países han aplicado diversas medidas anticorrupción. Hay más concienciación y mejores marcos legislativos y normativos. Las estrategias nacionales son habituales. Los gobiernos locales están implicados. Se comprenden mejor los riesgos. Se aprovecha el potencial de las tecnologías de la información y la comunicación, y de los datos. Los ciudadanos y la sociedad civil participan en el seguimiento de los riesgos de corrupción y las respuestas anticorrupción», comentó.
Por otra parte, la ONU ya en 2020 hizo conocer el informe elaborado por el Panel de Alto Nivel sobre Responsabilidad, Transparencia e Integridad Financieras Internacionales, para lograr la Agenda 2030 (Panel FACTI), que sostiene que una décima parte de la riqueza mundial podría estar oculta en activos financieros extraterritoriales, lo cual impediría la recaudación justa de impuestos por parte de los gobiernos. De esta manera, en la actualidad el lavado de dinero alcanzaría hasta un 2,7% del Producto Interno Bruto mundial cada año, y las corporaciones privarían a los gobiernos de unos 600.000 millones de dólares -también anualmente- valiéndose de paraísos fiscales. El Panel de Alto Nivel se estableció en marzo de 2020 para analizar los vacíos y deficiencias normativas y de implementación que facilitan el movimiento mundial de flujos ilegales de dinero proveniente de actividades de corrupción, lavado de dinero y evasión tributaria. En Latinoamérica ya tres países están aplicando los programas anticorrupción, Chile, Colombia y México.
El informe del Panel elaboró 14 recomendaciones entre las que destacan: Responsabilidad de los países, el sector privado y la comunidad internacional en su conjunto para la promulgación y cumplimento de leyes, persecución de delitos de corrupción y transfronterizos, y tolerancia cero al fomento de flujos ilícitos a título empresarial. Elaboración de una Convención Tributaria de las Naciones Unidas que estipule normas de transparencia en ese terreno y que sea un instrumento legal abierto e inclusivo con participación universal.
Promover el establecimiento de un registro centralizado de información sobre los beneficiarios finales del lavado de dinero que tenga base en las normas internacionales. Pago justo de impuestos de los contribuyentes, sobre todo por parte de las corporaciones multinacionales, y diseño de incentivos para combatir la elusión y evasión fiscales. Señala pautas globales para evitar la complicidad de los profesionales financieros, legales y contables; normas mínimas de protección a los defensores de los derechos humanos, periodistas y otros denunciantes de corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal. Desarrollo de mecanismos de gobernanza nacional sólidos y coordinados que refuercen la integridad financiera para el desarrollo sostenible. Establecimiento de un mecanismo de coordinación global que se ocupe de la integridad financiera de forma sistémica que esté a cargo del Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC).
En nuestro país han fracasado los organismos e instituciones encargados de la fiscalización, como la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y la Contraloría General del Estado (CGE), además de las dependencias a las que se asignaron funciones específicas en algunas secretarías de Estado, como el Ministerio de Justicia y las diferentes oficinas creadas para evitar la corrupción y velar por el respeto a las normas legales. Lamentablemente, esta responsabilidad fiscalizadora, de prevención y lucha contra la ilegalidad, ha quedado al margen debido a una distorsión en el ejercicio del gobierno, que se ha caracterizado por el abuso del poder en diferentes formas, especialmente incumpliendo las normas legales. Tal vez, sobre las iniciativas de la ONU y una observación permanente internacional, se logre frenar la corrupción.