Estados Unidos, junto a otros países, y grupos de la sociedad civil están luchando para que la crisis en Nicaragua ocupe un lugar relevante en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), su cita política más importante que se celebra en Washington el 4 y 5 de junio.
El embajador estadounidense ante la OEA, Carlos Trujillo, planea presentar una resolución para condenar la violencia del Gobierno de Daniel Ortega y de grupos paramilitares contra los manifestantes, una crisis que ha dejado más de un centenar de muertos y cerca de un millar de heridos.
La aprobación de una resolución sobre Nicaragua serviría para establecer el criterio de legalidad y legitimidad del continente americano con respecto al Gobierno de Ortega y, dependiendo de su alcance, podría llegar a pedir la celebración de elecciones anticipada.
«Estamos bien preocupados por la situación de Nicaragua. El asesinato de estudiantes desarmados es totalmente inaceptable, es algo que debe ser traído a la justicia, la policía y los grupos paramilitares han sido responsables de esa violencia. Y tiene que parar», dijo Trujillo en una entrevista con Efe.
Más allá de EE.UU., expresaron su preocupación sobre la crisis en Nicaragua otros países como Costa Rica, cuya vicepresidenta, Epsy Campbell, presidirá la Asamblea General.
«Es para nuestro país una preocupación particular la situación que se vive en Nicaragua», dijo brevemente Campbell durante un encuentro en la sede de la OEA entre la sociedad civil y representantes de los 34 Estados Miembro, así como con el secretario general, Luis Almagro.
En ese encuentro, diferentes grupos, como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), pidieron a la Asamblea General que aborde la crisis de Nicaragua.
«Llamamos la atención sobre la escalada de violencia en la que la policía nacional, cuyo jefe supremo es el dictador Daniel Ortega, y grupos de choque organizados por su Gobierno nacional, están violentando los derechos de los nicaragüenses», afirmó Vilma Núñez, directora del Cenidh.
El Cenidh se ha encargado de recopilar información de los hospitales para elaborar recuentos sobre los fallecidos en las protestas, que ya llegan a 108.
Las protestas contra Ortega y contra su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide su renuncia, después de 11 años en el poder, con acusaciones de abuso de poder y corrupción.
La violencia se ha intensificado en los últimos días y solo en la «Madre de todas las marchas», celebrada el 30 de mayo, hubo 15 muertos y 199 heridos, según cifras del Gobierno.
En respuesta, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo en Twitter: «condenamos el uso de la fuerza contra manifestantes y exigimos se frene la violencia en #Nicaragua ya».
Sin embargo, Almagro no mencionó a Nicaragua ni a Venezuela durante el discurso con el que abrió el diálogo con la sociedad civil y, en donde, se limitó a avisar de que «la democracia no está sujeta a la interpretación de quienes gobiernan» y los Gobiernos deben cumplir ciertos estándares, como la convocatoria de elecciones, para que ser considerados democráticos.
Representantes de la Secretaría General de la OEA y del Gobierno de Nicaragua están trabajando en una serie de reformas electorales, que preven concluir en enero de 2019.
No obstante, para grupos como Foro Ciudadano de las Américas, las acciones de la OEA son demasiado suaves ante la gravedad de la situación en Nicaragua.
«Vemos con preocupación la actitud de la OEA, sus tiempos y su respuesta no se corresponde con la realidad que estamos viviendo. No hemos venido con un voto de confianza para la OEA, sino que hemos venido para decirles que estaremos atentos a cada paso que den», afirmó Guillermo Incer Medina, de Foro Ciudadano de las Américas.
«Queremos elecciones libres y las que queremos ya, no cuando Almagro y Daniel Ortega lo deseen», subrayó.
Fuera del edificio de la OEA, un centenar de nicaragüenses se concentró durante varias horas con los colores azul y blanco de su bandera, convertida en símbolo de las protestas, y con una gran pancarta que mostraba el mensaje: «Daniel Ortega, tus crímenes no quedarán impunes».
Los manifestantes, que en algunos casos llevan décadas viviendo en Estados Unidos, pidieron al organismo que aborde la situación en el país centroamericano, un reclamo al que se unió la organización Human Rights Watch (HRW).