La Defensoría del Pueblo atendió 17.023 denuncias de vulneraciones de derechos humanos en 2022, la mayoría de ellas relacionadas con el acceso a la Justicia en casos como feminicidios, infanticidios y violaciones, afirmó el defensor del pueblo este jueves.
El defensor del pueblo, Pedro Callisaya, expresó a los medios que hubo un incremento del 7 % en las denuncias atendidas en 2022 con respecto a 2021, además de que el 25 % de los reclamos recibidos la pasada gestión estuvieron relacionados con las garantías del acceso a la Justicia.
Callisaya precisó que el mayor número de denuncias fueron contra la Policía Boliviana, con 1.539 casos; el Ministerio Público, con 1.394 y el Órgano Judicial, con 1.163 reclamos.
La mayoría de la población que acudió a la Defensoría para interponer una denuncia fueron mujeres, niños y adolescentes y personas adultas mayores.
Luego de exponer esos datos, Callisaya lanzó el plan de acción para esta gestión que priorizará la ejecución de programas de defensa de las poblaciones vulnerables, como la niñez, adolescencia, adultos mayores, pueblos indígenas transfronterizos y mujeres.
Además, Callisaya sostuvo que al inicio de su gestión, en septiembre de 2022, se comenzó un proceso de fortalecimiento de la Defensoría del Pueblo para brindar «un mejor servicio» a la población en el que se pretende realizar ajustes a la gestión estratégica institucional, el fortalecimiento de la unidad de conflictos, la adecuación tecnológica y la digitalización.
Es así que se optimizará el Sistema de Servicio al Pueblo, «uno de los canales» por el cual la población demanda apoyo de esa institución ante algún tipo de vulneración de los derechos humanos.
También se realizarán protocolos para la atención y seguimiento de casos de acoso sexual en universidades públicas en el país, se implementará un programa de «intervención psicoterapéutica para la reeducación de hombres privados de libertad por violencia familiar».
Durante esta gestión se prevé que se consolide el Observatorio Defensorial Judicial, que ya fue inaugurado en noviembre del año pasado, y se hará un mapeo y protocolos para la atención de pueblos indígenas transfronterizos en situación de vulnerabilidad.
Uno de los constantes reclamos de la población boliviana es la lentitud del sistema judicial y las trabas que se encuentran cuando quieren hacer alguna denuncia.