La Defensoría del Pueblo encontró deficiencias y limitaciones en la atención médica en diez centros penitenciarios del país, donde también hay hacinamiento e insuficiente personal policial, aspectos que, según la institución, son factores indirectos para que ocurran fallecimientos en las cárceles.
El personal de la Defensoría realizó este viernes una verificación en diez cárceles en las nueve regiones bolivianas para obtener información y detectar las causas por las que se han estado produciendo muertes, tanto naturales como violentas, en estos centros, señala un comunicado de prensa esa institución.
Los funcionarios constataron las condiciones de los ambientes en las cárceles y realizaron entrevistas al personal médico, los jefes de seguridad y personas privadas de libertad, explicó el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, citado en la nota.
«Hemos encontrado que de los 10 centros penitenciarios que hemos visitado en esta jornada, sólo en dos hay personal médico y en ninguno existen ambulancias, en uno hemos hallado medicamentos vencidos», sostuvo.
«En estas condiciones, estamos poniendo en situación de vulnerabilidad a las personas privadas de libertad», advirtió Callisaya, quien hizo la verificación en persona en el penal de San Pedro en La Paz.
Según el Defensor, también se constató «la persistencia del hacinamiento» en las cárceles bolivianas, un problema del que han advertido varias veces otras entidades.
«En los centros penitenciarios hay poco personal policial, pues se tiene un poco más de 1.500 policías para una población de 25.000 personas privadas de libertad. Aunque hay que aclarar que estos uniformados trabajan por turnos, es decir que no todos están haciendo vigilancia al mismo tiempo», precisó.
También indicó que el año pasado murieron 12 privados de libertad, nueve por causas naturales, dos fueron casos de suicidio y uno por homicidio.
«Es decir, que la principal causa de muerte es la causa natural y por ello tenemos que analizar principalmente la efectividad de los servicios de salud», manifestó.
Además señaló que se ha detectado que no se realiza una adecuada clasificación de los reclusos, por lo que personas altamente peligrosas conviven indistintamente junto a otras que, por ejemplo, han cometido delitos menores por una primera vez.
Callisaya agregó que de cada diez reclusos, siete son detenidos preventivos, otro problema crónico en las cárceles bolivianas.
El Defensor del Pueblo anunció que en los próximos días se reunirá con las autoridades de Régimen Penitenciario para analizar soluciones a los problemas detectados en la verificación de esta jornada.
Los recintos penitenciarios presentan desde hace años problemas de conflictividad y hacinamiento debido, entre otros factores, a que la mayoría de los reos está en prisión preventiva sin sentencia y sus casos sufren retraso.