La Defensoría del Pueblo manifestó su «preocupación» por las protestas sociales que «vulneran los derechos humanos» cuando este jueves se cumple el sexto día del paro indefinido en Santa Cruz en medio de un «cerco» a esa región por parte de grupos oficialistas.
El ente de protección a los derechos humanos pidió «enfáticamente» a las partes en conflicto que «se depongan actitudes y acciones que impidan encontrar caminos para un diálogo».
Esta jornada el departamento en el este de Santa Cruz encara el sexto día del paro indefinido que exige que el censo poblacional sea en 2023 y no en 2024, aunque inicialmente el Gobierno estableció que la encuesta tenía que desarrollarse en noviembre próximo.
Como respuesta, sectores afines al oficialismo iniciaron hace tres días el llamado «cerco» a Santa Cruz, a modo de un bloqueo que busca asfixiar al paro por el censo, como la obstaculizar la provisión de combustibles en la principal refinería de la región.
Asimismo, esos grupos, que apoyan al Gobierno del presidente Luis Arce, tomaron la red central de gas domiciliario que alimenta de energía a la población cruceña.
En Santa Cruz se produce gran parte de los alimentos que se consumen en el país y un gran porcentaje de las exportaciones no tradicionales.
La Defensoría del Pueblo advirtió que «ninguna medida de protesta» que asuman las partes en el conflicto «puede restringir o vulnerar los derechos humanos y colectivos» como la alimentación, salud, servicios básicos u otros.
«Recalcamos que la única forma para resolver las discrepancias es el diálogo que permita lograr soluciones» y «exhortamos a evitar todo tipo de confrontación», manifestó la entidad.
El paro ha estado marcado por jornadas de violencia entre quienes apoyan la huelga indefinida y los que se oponen.
Las protestas también se han extendido en ciudades como La Paz y Cochabamba, en algunos casos con enfrentamientos, mientras que en Trinidad y Tarija pararon sus actividades solo un día en esta semana.
Santa Cruz encabeza la protesta por el censo para que los resultados de la encuesta se apliquen en 2025, año en el que están programadas las elecciones presidenciales.
De la realización del censo depende una nueva distribución de recursos para las regiones y la asignación de nuevas cuotas de representación política en el Parlamento.
En julio pasado, el Gobierno determinó postergar la encuesta nacional de noviembre de 2022 a 2024 bajo el argumento de problemas técnicos, la «despolitización» del proceso y que un mayor tiempo de organización favorecerá la calidad de los datos.
Para este viernes, el Ejecutivo nacional convocó a un «encuentro plurinacional» para tratar con gobernadores y alcaldes los conflictos relacionados con el censo.