La Defensoría del Pueblo exhortó este martes a la Asamblea Legislativa a asumir los «mecanismos necesarios» para tratar y aprobar una ley sobre el censo de población y vivienda para dar «certidumbre» a la población, especialmente a los sectores en conflicto por el empadronamiento.
«La Institución Defensorial exhorta a la Asamblea Legislativa Plurinacional asumir el rol constitucional establecido y adoptar los mecanismos necesarios para el tratamiento y aprobación de la ley referida al Censo Nacional», señala un comunicado de la entidad.
La petición de la Defensoría tiene la finalidad de «dar certidumbre a la población y que esta pueda recuperar la paz y la normalidad en su vida diaria».
El censo inicialmente debía realizarse el pasado 16 de noviembre, pero el Gobierno lo postergó para 2024 argumentando «problemas técnicos» y para «despolitizar» la encuesta nacional.
Santa Cruz está en huelga indefinida desde hace 32 días exigiendo al Gobierno de Luis Arce que el censo se realice en 2023.
Arce emitió un decreto que definió que la encuesta nacional se efectúe el 23 de marzo de 2024, pero los líderes de Santa Cruz mantienen su pedido de que sea en 2023 y que se apruebe una ley que establezca la fecha y la redistribución oportuna de recursos estatales y de los escaños parlamentarios con los resultados finales del censo.
En tanto, el trabajo de los legisladores sobre la ley está trabado, ya que el oficialismo busca ratificar que el censo se haga en 2024, mientras que la oposición insiste que se realice en 2023.
Esta jornada la Comisión de Constitución de la Cámara baja reinstaló su sesión para analizar al menos cinco proyectos de ley propuestos por oficialistas y opositores.
Los líderes cruceños han anticipado que las medidas de presión se mantendrán en esa región hasta que se apruebe la ley.
Diversos incidentes registrados dentro del conflicto por el censo han dejado cuatro muertos, varios heridos, enfrentamientos entre grupos que respaldan la huelga y otros que la rechazan, además de millonarias pérdidas económicas.