La comunidad internacional está siendo avisada sobre la ruptura del orden constitucional y democrático en Bolivia a través de gestiones de diversas organizaciones tanto nacionales como del exterior, que ven presuntos riesgos y alertan sobre las consecuencias que la situación podría generar a nivel regional. Una de las últimas instituciones que se sumó a la denuncia sobre las violaciones legales en nuestro país es la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), organismo que en una reunión en la que participaron 20 expresidentes de 12 países, analizaron las derivaciones de la pretensión de los actuales gobernantes nacionales de quedarse en el poder.
Los exgobernantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas instaron a los gobiernos de los estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) a pronunciarse y reaccionar a «la ruptura del orden constitucional y democrático ocurrido en Bolivia bajo la presidencia de Evo Morales».
IDEA es un foro internacional no gubernamental que integran 37 ex Jefes de Estado y de Gobierno, respetuosos del principio de la alternancia durante sus desempeños. Desde la sociedad civil y la opinión pública observa y analiza los procesos y experiencias democráticos iberoamericanos, reflexiona sobre las vías y medios que permitan la instalación de la democracia allí donde no existe o su reconstitución donde se ha deteriorado, así como favorecer su defensa y respeto por los gobiernos donde se encuentra radicada.
Los exgobernantes de países americanos y de España emitieron el documento “Declaración sobre Bolivia”, que fue remitido a la Unión Europea y a la OEA. En el documento se hace referencia a la voluntad del pueblo boliviano establecida en el referendo del 21 de febrero de 2016 que rechazó el planteamiento de permitir otra reelección. También deplora la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional del 28 de noviembre de 2017 que habilita a Morales para volver a candidatear en las próximas elecciones, sentencia que es calificada como «violatoria» y «fraudulenta».
En torno al supuesto derecho humano del presidente Morales para candidatear indefinidamente, el documento argumenta que «la previsión y aplicación de requisitos para ejercitar los derechos políticos no constituyen, per se, una restricción indebida a los derechos políticos. Esos derechos no son absolutos y pueden estar sujetos a limitaciones. Su reglamentación debe observar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática».
La declaración concluye expresando que los expresidentes «instamos, respetuosamente, a los gobiernos de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos y de la Unión Europea, a mantenerse vigilantes y disponer las medidas preventivas y efectivas necesarias y apropiadas a la ruptura del orden constitucional y democrático ocurrido en Bolivia bajo la presidencia de Evo Morales».
Al margen del pronunciamiento de la IDEA, existen varias denuncias ante la ONU, OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las violaciones a las normas legales, a los derechos humanos y a las prerrogativas ciudadanas. Desde campesinos, partidos políticos, organizaciones defensoras de los derechos humanos, exgobernantes han presentado denuncias. Hasta el año pasado, había unas 50 denuncias ante la OEA y la CIDDH, que este año se han más que triplicado. Sin embargo, los principales responsables de este deterioro quieren seguir usufructuando del poder, y de acuerdo a algunas encuestas, hay gente que apoya este extremo.