La deuda externa pública boliviana llegó a 9.713,2 millones de dólares, equivalentes al 23,4 % del producto interior bruto (PIB) del país, al 30 de junio de este año, informó ayer el Banco Central de Bolivia (BCB).
El saldo a junio tuvo un incremento de 285,2 millones de dólares (un 3 %) en relación al monto registrado a diciembre de 2017, que fue de 9.428 millones, señala un reporte del ente emisor.
«Este incremento se originó por un importante flujo de desembolsos que superó la amortización de capital, recursos que fueron destinados a importantes proyectos de inversión pública que contribuyen al desarrollo económico y social del país», explicó el Banco Central.
También indicó que el endeudamiento público del país es «sostenible» y presenta indicadores «situados muy por debajo de los límites establecidos en los estándares internacionales».
Los principales acreedores multilaterales de Bolivia son el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el que la deuda a junio alcanzó 2.713,5 millones de dólares; el Banco de Desarrollo de América Latina CAF, con 2.343,5 millones; y el Banco Mundial, con 839,1 millones.
Por países, China es el principal acreedor de Bolivia con 785,8 millones de dólares, y le siguen Francia, con 144,5 millones; Alemania, con 57,5 millones; Corea del Sur, con 49,7 millones; Brasil, con 25 millones y España, con 10,9 millones, entre otros.
En el primer semestre del año, el Estado boliviano contrajo seis nuevos préstamos externos, dos de ellos con China por el equivalente a 448,8 millones de dólares destinados a un proyecto siderúrgico en la región oriental de Santa Cruz y a un programa de seguridad ciudadana.
Bolivia también contrajo deuda con el Danske Bank por 124,8 millones de dólares para financiar un proyecto eólico en Santa Cruz, y contrató préstamos por 112 millones con la CAF y 30 millones con el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional para la construcción de una carretera en la región cruceña.
También contrató un préstamo por 18,4 millones con el Banco Alemán de Desarrollo (KfW), destinado a la segunda fase de un programa de agua potable y alcantarillado en áreas periurbanas, añadió el Banco Central.