Que la economía nacional corre un riesgo muy grande, es un secreto a voces, pese a la insistencia del gobierno de que todo marcha muy bien y que el país logrará un crecimiento de más del 5%. Los alentadores informes del oficialismo han dado motivos a la COB y a algunos grupos sociales para plantear aumento de salarios, y a otros sectores a demandar obras y atención a diversas necesidades. Pero la realidad se presenta con mucha crudeza, tanto desde la perspectiva de los organismos internacionales como de los análisis especializados internos. Los indicadores económicos son preocupantes y merecen una consideración más responsable de las autoridades nacionales de manera que cuanto antes se adopten medidas que permitan lograr una efectiva reactivación de la economía.
Los empresarios privados han realizado una cumbre en la que se han analizado los principales problemas y han vuelto a pedir al gobierno una reunión para analizar las mejores salidas a una crisis real, que en cualquier momento puede desencadenar graves consecuencias. La baja producción de hidrocarburos está obligando a importar crudo y combustibles para evitar una paralización, pero a precios internacionales que están muy por encima de los precios internos subvencionados. Esta relación de costos puede provocar el contrabando de carburantes como ya ha ocurrió en el pasado, debido a que los precios en los países vecinos doblan al que rige en nuestro país.
Pero no es solamente eso, el país está endeudado por varias generaciones y cada niño que nace en la actualidad, llega con una deuda enorme y no «con una marraqueta bajo el brazo», como señala la tradición. Lo peor es que la producción nacional en todos los rubros es muy pobre y tiene muchos problemas de competitividad, debido a los costos superiores que se deben afrontar por varios factores internos, especialmente por las deficientes vías de transporte y el permanente ambiente conflictivo.
Un análisis claro sobre la situación del país fue elaborado por la Fundación Jubileo, que presentó el informe «Bolivia, un ciclo entre el deterioro de la economía y la preservación de la democracia (2015-2022)», en el que se aporta datos determinantes para evaluar la actual coyuntura económica. Milenio revela que la deuda pública del país, incluida la externa y la que se ha asumido en forma interna, en total llega a 26 mil millones de dólares. Desde 2014 hasta 2021 el endeudamiento interno se triplicó y el externo se duplicó, de acuerdo a Milenio. La deuda externa creció de 6.036 millones de dólares en 2014, a 12.580 millones de dólares a julio de 2021, y la deuda interna del Tesoro General de la Nación (TGN) creció de 28 mil 664 millones de bolivianos en 2014 a 95 mil 253 millones de bolivianos en 2021. Además, explica que desde 2020, en el escenario de la crisis del coronavirus, esta deuda se disparó. En análisis de la fundación Jubileo explica que el endeudamiento responde a una serie de factores entre ellos, a los problemas de liquidez, al déficit fiscal, al desequilibrio externo y a la caída de Reservas Internacionales Netas (RIN).
Anteriormente, el empresariado nacional realizó una reunión cumbre con la participación de representantes de más de mil unidades productivas nacionales. Entre sus conclusiones se coincidió en la necesidad de reactivar la economía post pandemia mediante un esfuerzo de todos que debería ser complementario, sustentable y diverso. Se emitieron varias conclusiones, entre ellas, la imperiosa necesidad de lograr una lucha efectiva contra el contrabando, que se constituye en la principal problemática de todo el sector productivo y tiene una directa relación con la informalidad, y dificultades para el acceso de financiamiento. Esta situación frena la posibilidad de ampliar la capacidad productiva y precipita el deterioro de las condiciones laborales, de acuerdo al análisis efectuado durante la cumbre. Asimismo, los empresarios consideran en sus conclusiones que el desarrollo productivo sólo es posible con alianzas público-privadas, lo que significa que se deben ajustar las normativas de inversiones, de las empresas públicas y de las conciliaciones comerciales.
Los empresarios también observaron las dificultades en las tramitaciones, debido a las barreras y los cuellos de botella en las instituciones públicas, que han empujado a muchos productores a la informalidad, así como las trabas a las exportaciones, que son factores que impiden que la iniciativa privada arriesgue capitales para alcanzar una mayor y diversificada producción. Entre el endeudamiento, los déficits, la inestabilidad política, la baja producción de hidrocarburos, la necesidad creciente de importaciones, dificultades para financiamiento, trabas a las exportaciones y la inseguridad jurídica, se ha formado un peligroso coctel que puede provocar una crisis mayor a la que se ha vivido hasta el momento.