Las actividades educativas de la gestión 2022 se iniciarán el 1 de febrero en las modalidades presencial y semipresencial en todo el país, de acuerdo a cómo se logre enfrentar a la pandemia de coronavirus, ahora agravada por la presencia de ómicron. Seguramente los padres de familia y la mayoría de los estudiantes desearían que de una vez se normalicen las clases, pero es necesario primero asumir la responsabilidad de proteger la salud y la vida de los alumnos, maestros y de las familias en general, ya que si un niño se contagia en la escuela llevará el mal a su hogar. Pero probablemente existe consenso en que se tiene que lograr mejorar los mecanismos, ya sean a distancia o presenciales, como la única forma de cumplir con los estudiantes que se han visto gravemente perjudicados tanto por la emergencia sanitaria como por la política incrustada en el sistema.
La educación en un país es la base sobre la que puede edificarse el progreso integral. Bolivia necesita mejorar las potencialidades para el desarrollo humano que es la base para lograr el progreso, y precisamente uno de los recursos esenciales para medir el Desarrollo Humano (DH) de un país, es la educación, que ha demostrado que es el factor más importante que ha hecho posible a muchos países que a finales del siglo pasado se encontraban todavía en vías de desarrollo, alcanzar la mayor prosperidad situándose entre los más avanzados del planeta. El último informe sobre Desarrollo Humano observa la creciente generación de nuevas desigualdades en torno a la educación, tecnología y cambio climático, áreas desde las que se podrían desencadenar nuevas divergencias en la sociedad no vistas desde la Revolución Industrial, dejando muy por detrás a personas y países enteros.
El análisis de esta situación y los efectos de la pandemia en el sistema educativo, debería ser la principal preocupación del gobierno y las autoridades de salud. El informe de DH plantea la necesidad de medir las desigualdades primero: «más allá del ingreso». El Índice de DH, compuesto por tres elementos: ingreso, salud y educación, debe ahora tomar en cuenta las desigualdades al interior de estas dimensiones. Por ejemplo, la inversión en educación debería ocurrir aun antes de que las niñas y niños ingresen a la escuela, pues la desigualdad es acumulativa: una persona con menos oportunidades al momento de nacer, aunque ingrese al sistema educativo a la edad que debe hacerlo, lo hará ya con desventajas si no se ha invertido en su primera infancia y nutrición.
Lamentablemente en nuestro país en lugar de ver los problemas de fondo se enfocan en los intereses personales. Seguramente la gente recuerda los escándalos que se destaparon en torno a las designaciones y pruebas de ascensos en educación, irregularidades en la que estuvo envuelto hasta el ministro del sector. En los últimos 15 años se ha hecho mucho daño a la educación en el país pretendiendo politizar la enseñanza. Felizmente, los maestros, en su mayoría, han sido responsables y evitaron ese extremo. En general la educación en Bolivia continúa en la mediocridad, salvo honrosas excepciones, tanto de escuelas, colegios y algunas universidades, que sobresalen, fundamentalmente, por el esfuerzo, empeño, dedicación y vocación de los maestros, que deben vencer barreras de un sistema educativo retrógrado, politizado, enfocado ideológicamente, e impuesto por encima de la racionalidad y de las necesidades del país.
En ese ambiente, ya se tomó la decisión de que las inscripciones escolares comiencen el 17 de enero para estudiantes nuevos y para los que cambien de unidad educativa. La inscripción de estudiantes antiguos es automática en todas las unidades educativas del país y la presentación del carnet de vacunación contra la covid-19 no es requisito. De acuerdo a un informe a la prensa, el viceministro de Educación Regular, Bartolomé Puma, afirmó que actualmente se está trabajando con los gobiernos autónomos municipales para que estas instancias adecuen las unidades educativas con protocolos y medidas de bioseguridad. Efectivamente, es necesario que se tomen todas las medidas de previsión para preservar la salud, así como se destinen los recursos necesarios para dotar a los estudiantes de ambientes adecuados y medios tecnológicos actualizados, de manera que se cumpla con el mandato constitucional de que la educación y la salud son las principales responsabilidades del Estado.