La pelea por la fecha de realización del censo de población está ahora en el Legislativo, donde el debate de una ley sobre el tema está trabado por las posiciones del oficialismo que busca ratificar el empadronamiento en 2024 como dispuso el Ejecutivo y la oposición que insiste en que sea en 2023.
La Comisión de Constitución de la Cámara baja reinstaló este martes su sesión para tratar al menos tres proyectos de ley sobre el censo, entre acusaciones mutuas de opositores y oficialistas de falta de voluntad o de sustento técnico en sus propuestas, respectivamente.
El diputado de la fuerza opositora Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Alarcón señaló a los medios que en los tres proyectos analizados en la víspera hay consensos en casi todos los aspectos y que «sólo habría una diferencia en la fecha».
Ese partido, liderado por el expresidente Carlos Mesa, y la también opositora Creemos, del gobernador de la región de Santa Cruz, el opositor Luis Fernando Camacho, proponen que la encuesta nacional sea en octubre de 2023, mientras que el Movimiento al Socialismo (MAS) «difiere porque plantea el 23 de marzo de 2024», indicó Alarcón.
El opositor consideró que ese tema «se resuelve» votando en la comisión y en el pleno de la Cámara baja.
Por su parte, el presidente de la comisión, el oficialista Juan José Jáuregui, dijo a los medios que «no va a ser un trabajo sencillo», ya que hay seis propuestas para analizar.
También advirtió que no trabajarán bajo «presión de ningún sector movilizado», ni tomarán decisiones contrarias a la Constitución.
Sobre el debate de la fecha del censo, Jáuregui manifestó que «eso ya está resuelto», aludiendo al decreto aprobado hace unos días por el presidente Luis Arce que fijó el 23 de marzo de 2024 como fecha definitiva, pese al reclamo cruceño de que sea en 2023.
El oficialista indicó que si el trabajo en la comisión no avanza es porque no hay un solo proyecto opositor, sino que son varios y demandó además a esas fuerzas presentar «elementos técnicos» para sustentar sus «pretensiones».
Alarcón replicó acusando al MAS de buscar «pretextos» como la fecha o la cantidad de proyectos «porque no tiene voluntad de consenso» y, a su juicio, «quiere dilatar» el debate y «no quiere ley porque quiere derrotar al sector movilizado, especialmente al departamento de Santa Cruz».
El censo debía realizarse el pasado 16 de noviembre, pero el Gobierno de Arce lo postergó para 2024 argumentando «problemas técnicos», lo que causó el rechazo sobre todo de Santa Cruz que el 22 de octubre inició una huelga indefinida por la pronta realización de la encuesta nacional.
Los líderes cruceños insisten en que haya una ley que, además de la fecha, marque los tiempos de entrega de los datos finales de la consulta hasta septiembre de 2024, para que la nueva distribución de escaños parlamentarios y recursos se aplique para 2025, año de elecciones nacionales.
Algunos senadores cercanos al expresidente Evo Morales han desahuciado el tratamiento de la ley en la Cámara alta al considerar que un decreto es suficiente.