La Fiscalía allanó este viernes propiedades del exministro de Gobierno Arturo Murillo, detenido en Estados Unidos acusado de lavado de dinero, en las que se encontró documentación sobre el caso de la compra de material antidisturbios con sobreprecio y el Gobierno ve dos vías para su extradición.
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó a los medios que entre el jueves y este viernes se allanaron nueve propiedades vinculadas al exministro del Gobierno transitorio de Jeanine Áñez.
El Ministerio Público realizó seis allanamientos el jueves y este viernes se procedió en tres propiedades ubicadas en Cochabamba, prosiguió Del Castillo.
«Hemos encontrado documentación no solo vinculada al caso de gases lacrimógenos, hay una serie de otros procesos que se encontrarían en estos domicilios», explicó el ministro a los medios.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó esta semana sobre el arresto de dos ciudadanos bolivianos y otros tres estadounidenses por cargos penales relacionados con soborno y lavado de dinero, entre ellos el exministro Murillo y su exjefe de gabinete Sergio Méndez y dueños de la empresa intermediaria.
Estas cinco personas están acusadas de supuesta «conspiración para cometer lavado de dinero» y en caso de que sean declarados culpables enfrentarían una condena de 20 años de prisión, señala el documento publicado.
Este presunto soborno se da en el marco de la compra de material antidisturbios como gases lacrimógenos en el Gobierno transitorio de Áñez, por el que pesa una orden de aprehensión en Bolivia en contra de Murillo por supuesto sobreprecio en la adquisición.
Del Castillo, explicó que el Gobierno de Áñez pagó 5,6 millones de dólares por la compra de gases lacrimógenos, pero que a la empresa brasileña Cóndor se le canceló solo 3,3 millones de dólares para su adquisición, por lo que hay un sobreprecio de 2,3 millones de dólares.
El ministro también indicó que ya se siguen dos conductos regulares para solicitar la extradición del exministro, el primero es a través de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y la segunda por la «vía de cooperación de Estados».
Además analizan la posibilidad de que una comisión se dirija a Estados Unidos «si amerita», pero que no quieren «entorpecer esta investigación».
La Fiscalía General del Estado anunció que ya se está elaborando el proceso de extradición de Murillo y su exjefe de gabinete.
El miércoles aprehendieron en la investigación de este caso a un exmiembro de seguridad de Murillo y a su cuñado, quien retiraba dinero de una caja de seguridad en un banco en la ciudad de Cochabamba.
La Fiscalía pedirá la detención de seis meses de ambos aprehendidos por «riesgo de fuga».
Para el próximo 7 de junio está prevista la audiencia de Murillo en EE.UU., en la que el Gobierno pedirá su extradición o cabe la posibilidad de que quede libre bajo fianza.