La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) confirmó este lunes que ha recibido una denuncia en forma de «remisión», presentada por Bolivia, para investigar los bloqueos de carreteras sucedidos el pasado agosto en todo el país, instados según el Gobierno por el expresidente Evo Morales.
«El 4 de septiembre de 2020, recibí una remisión del Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia en relación con la situación en su propio territorio», dijo la fiscal Fatou Bensouda en un comunicado.
El requerimiento de las autoridades bolivianas, hecho el pasado viernes, está acompañado por «documentos de respaldo con detalles adicionales sobre las circunstancias relevantes» en torno a los hechos sucedidos en agosto, así como una carta de acreditación de la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez.
«El Gobierno de Bolivia sostiene que en agosto de 2020 miembros del partido político Movimiento al Socialismo y organizaciones afines llevaron a cabo una línea de conducta (…) consistente en atacar a la población boliviana, a través de la coordinación de bloqueos en distintos puntos de todo el país», explicó la fiscal general de la CPI.
«En el contexto de la pandemia de COVID-19, el Gobierno de Bolivia mantiene que una de las metas de este bloqueo consistía en impedir a la población civil de esas ciudades que accediese a los insumos y servicios de salud pública con la consecuencia directa de provocar la muerte en varias personas», añadió Bensouda.
La solicitud del Ejecutivo boliviano «no conlleva automáticamente la apertura de una investigación», pues para que ésta se inicie su oficina debe analizar primero asuntos como «la competencia, la admisibilidad y el interés de la justicia».
El requerimiento de Bolivia tiene la forma de remisión, la cual solo puede ser presentada por los Estados partes de la CPI o por el Consejo de Seguridad de la ONU, y que podría agilizar un eventual proceso judicial en La Haya.
Permite a la Fiscalía abrir directamente una investigación sin pedir autorización a los jueces, siempre y cuando la oficina de Bensouda llegara a la conclusión de que se cumplen los requisitos para iniciarla.
La fiscal general ha informado de la situación al presidente de la CPI, que asignará la situación a una Sala de Cuestiones Preliminares formada por tres magistrados, trámite habitual en el caso de las remisiones.
El Ejecutivo boliviano responsabilizó al expresidente Evo Morales, que se encuentra en Argentina, de las muertes de al menos cuarenta enfermos por falta de suministro de oxígeno medicinal debido a bloqueos en las carreteras.
El exmandatario afirmó el pasado viernes a través de su cuenta verificada de Twitter que las demandas «no llegarán a nada porque son falsas».
«Son cortinas de humo en la actual carrera electoral que intentan distraer la atención del pueblo boliviano de la catástrofe económica, sanitaria y humanitaria que vive Bolivia», añadió Morales.
En la remisión, el Gobierno de Bolivia pidió al tribunal internacional que identifique y sancione a los autores de lo que considera un crimen de lesa humanidad, que «provocó el sufrimiento de poblaciones afectadas y derivó en la muerte de al menos cuarenta pacientes por la falta de atención médica», dijo la Procuraduría General boliviana en un comunicado.