La división en el Movimiento al Socialismo (MAS) y un paro indefinido que paralizó durante 36 días Santa Cruz son dos de los acontecimientos que marcaron el 2022 en Bolivia, donde la violencia hacia las mujeres y los niños sigue siendo lacerante.
Estas son las claves del año que termina en Bolivia:
Violencia interminable
Bolivia mantuvo el infame récord que le sitúa entre los países más violentos para las mujeres en la región, con al menos 88 feminicidios reportados hasta el 12 de diciembre y 35 infanticidios entre enero y noviembre.
El destape de numerosos casos de violadores y feminicidas liberados por jueces pese a tener sentencia desató tal indignación social que el Gobierno de Luis Arce declaró el 2022 como el «Año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización con una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres».
En julio, el Gobierno presentó al Parlamento una propuesta para fortalecer la ley contra la violencia machista vigente desde 2013, ante las recurrentes quejas de las organizaciones feministas porque la norma no se aplica plenamente, pero el tratamiento legislativo no avanzó.
Expresidenta sentenciada
El país no logra superar las tensiones arrastradas desde la crisis de 2019 y que se profundizaron aún más con la sentencia a diez años de prisión para la expresidenta interina Jeanine Áñez en uno de los numerosos casos abiertos en su contra a instancias del oficialismo.
En medio de diversas crisis de salud, Áñez fue condenada en junio por el caso «golpe de Estado II» acusada por resoluciones contra la Constitución e incumplimiento de deberes por la manera en que se situó en línea de sucesión presidencial tras la renuncia de Morales y de las demás autoridades que le seguían.
El desenlace de este proceso fue cuestionado por organismos nacionales e internacionales que señalan que a Áñez le corresponde un juicio de responsabilidades y no procesos por la vía ordinaria, como viene impulsando el oficialismo.
«Evistas» contra «renovadores»
Arce y su vicepresidente, David Choquehuanca, enfrentaron este año problemas internos en el MAS entre los «renovadores», sectores leales a los mandatarios, y la llamada «ala evista», los cercanos al expresidente Morales.
Estas diferencias se hicieron evidentes, por ejemplo, en las constantes críticas de Morales a algunos ministros, sobre todo al de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, al que acusó de gestar un supuesto «plan negro» en su contra, o las pugnas por el control del Legislativo, en el que los «evistas» perdieron espacios.
Las diferencias se intensificaron con el conflicto por el censo de población, ya que los «renovadores» impulsaron en el Parlamento una ley para facilitar el fin de la huelga en Santa Cruz, lo que fue rechazado por los «evistas» y calificado de «error histórico» por Morales, a quien no agradó que su partido aprobase la norma en coordinación con la oposición.
Conflicto cocalero
Este año continuaron los problemas entre los productores de hoja de coca de la zona subtropical de Los Yungas por un mercado paralelo abierto al margen de las leyes por un sector afín al oficialismo para la venta de la planta en La Paz.
Las jornadas más violentas se registraron entre agosto y septiembre, con marchas diarias de los afiliados a la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) contra el mercado paralelo en las que abundaron los estallidos de dinamita y la represión policial con gases lacrimógenos.
El conflicto alcanzó su punto máximo el 8 de septiembre, cuando el mercado cuestionado fue tomado y destruido en medio de una movilización de Adepcoca, por lo que varios dirigentes de ese sector fueron detenidos posteriormente, algunos con exceso de violencia policial.
Censo de la discordia
El conflicto mayor fue por el censo de población y vivienda que debía realizarse en noviembre y fue aplazado cuatro meses antes por el Gobierno de Arce que alegó problemas técnicos y lo movió a 2024, lo que desató la protesta sobre todo en Santa Cruz.
Santa Cruz paró durante 36 días para exigir el censo en 2023, con varias jornadas de violentos enfrentamientos entre los sectores que cumplían la huelga y los afines al oficialismo que la rechazaron con bloqueos de carreteras, marchas y amenazas de tomas de empresas privadas.
Al final Santa Cruz aceptó que ya no era posible técnicamente realizar el empadronamiento en 2023 y la huelga se levantó cuando el Congreso dio luz verde a una ley que garantiza la redistribución de recursos y escaños parlamentarios en función de los resultados del censo, pero tras su promulgación se activaron procesos judiciales contra los líderes cruceños que impulsaron las movilizaciones.
Reforma judicial y litio, grandes pendientes
La reforma de una cuestionada Justicia boliviana por males crónicos como la corrupción, la falta de independencia de otros poderes y las demoras procesales, y la industrialización del litio son dos temas importantes de los que se habló mucho este año, pero que quedaron pendientes.
El relator Especial de la ONU para la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, constató a principios de año la situación de la Justicia en Bolivia que, según indicó en su informe, padece de un problema de «impunidad frente al delito». Las promesas e iniciativas gubernamentales para la reforma judicial no prosperaron.
En cuanto al litio, Bolivia ha apostado por la extracción directa del elemento (EDL) para agilizar su industrialización, pero hasta el momento se desconoce si ya eligió a un socio extranjero entre las seis empresas que aprobaron una fase de pruebas de sus tecnologías en las salmueras bolivianas.