La creación de una comisión que oriente sobre la pederastia y que esté abierta a conocer posibles casos de abusos sexuales de sacerdotes a menores en Bolivia es para la Iglesia católica boliviana parte de un «periodo de purificación» por el que es preciso atravesar.
«Si bien en Bolivia los casos han sido pocos, eso no nos exime de crear estas instancias que nos ayudarán a resolver estos problemas», dijo en una entrevista con Efe el secretario general de la Conferencia Episcopal de Bolivia, monseñor Aurelio Pesoa.
El purpurado mencionó que es preciso «correr el riesgo» y profundizar en el problema, para que luego la Iglesia pueda hablar con «mayor propiedad» sobre posibles abusos y tenga una voz que «pueda orientar» a sus ministros.
El Episcopado boliviano anunció a finales del mes pasado que conformaría una «comisión nacional» con el propósito de investigar, orientar y prevenir casos de abuso sexual.
Consultado al respecto, Pesoa admitió que «no es fácil» identificar a los integrantes de esa instancia y deberán tener conocimientos jurídicos, principalmente del Derecho Canónico, y psicológicos, además de que tendrán que ser personas «discretas» y altamente «responsables».
«Uno de los temas que nos han recomendado (desde la Santa Sede) es cuidar siempre al que ha sido agredido o al que ha sido abusado», precisó.
La Conferencia Episcopal de Bolivia se ha propuesto realizar esa designación hasta fines de este mes o principios de mayo, de forma que comience a elaborar protocolos y orientaciones a los obispos y de manera que luego cada jurisdicción eclesiástica pueda crear otras instancias que puedan recibir denuncias de abusos.
Los casos más conocidos de abusos en Bolivia fueron el del sacerdote Eduardo Revich en 2007, del cura uruguayo Juan José Santana ese mismo año y del presbítero José Mamani en 2009, todos acusados de abusar de niños que vivían en internados rurales que dirigían.
Revich se suicidó tras saber que fue sentenciado, en cambio Santana fugó a su país luego de que hacerse públicas las denuncias en su contra, mientras que Mamani es el único que cumple una condena de 22 años de reclusión.
«Hasta ahora no han habido (más) situaciones denunciadas como tal. Eso no quiere decir que no hayan habido o que no hayan (más)», manifestó el obispo.
Sin embargo, abogados y fiscales que han conocido los casos de Prebich y Santana han lamentado que la Iglesia no haya tomado contacto con las víctimas para colaborarlas mientras duraron esos procesos.
Por otro lado, Pesoa señaló que actualmente una orden religiosa investiga la denuncia contra un jesuita español ya retirado, acusado por abusar a varios niños en la década de 2000.
El caso se conoció este año cuando un exreligioso fundó su acusación en base a una serie de fotografías en las que el religioso, hoy octogenario, aparece tocando partes íntimas de niños y niñas entre los 6 a 12 años.
Una fuente que vivió junto al acusado en la década de 1990 y que recientemente conoció esas imágenes, quien pidió el anonimato, dijo a Efe que esos actos sucedieron aparentemente en la habitación del supuesto agresor y en un cuarto de huéspedes de una comunidad jesuita en la región boliviana de Santa Cruz.
También este año la Justicia encarceló de forma preventiva a un sacerdote acusado por abuso deshonesto contra adolescentes en la región occidental de Potosí.
«Creo que es saludable», que algunos casos se sepan, «porque es un periodo de purificación y estas cosas nos ayudarán a (tener) un compromiso mayor», aseguró Pesoa.
El prelado destacó que los salesianos, franciscanos y jesuitas cuenten con un protocolo para abordar estos problemas, pero también consideró que «es poco» si se considera que las congregaciones religiosas, entre masculinas y femeninas, son alrededor de sesenta en Bolivia.
«Creo que irán apareciendo (más denuncias), ojalá no sean como los que hemos sabido que han ocurrido en otros países», finalizó el secretario general.
En países como Estados Unidos y Chile son muchos más los casos investigados, ya que la Fiscalía chilena investiga a 219 religiosos por supuestos abusos sexuales contra 241 víctimas, algunas menores, mientras que la Iglesia católica estadounidense desembolsó más de 4.000 millones de dólares por demandas a decenas de sacerdotes.