Finalmente el gobierno definió la fecha para la realización del censo nacional de población, después de los reclamos de las regiones y de varias organizaciones de la comunidad nacional, que observaron el anuncio del Instituto Nacional de Estadística de postergar el censo hasta el año 2024. Felizmente se decidió respetar la programación y ya se fijó para el 16 de noviembre de 2022 la realización de este levantamiento de información tan importante para planificar el desarrollo nacional. La determinación mereció el respaldo de instituciones, de las regiones, municipios, gobernaciones y hasta de la oposición. El presidente Luis Arce anunció que el gabinete de ministros aprobó el Decreto Supremo que declara prioridad nacional el Censo de Población y Vivienda para 2022 y dijo que su gobierno garantiza el financiamiento y respaldo institucional para realizar el Censo Nacional.
La Fundación Jubileo, mediante su director Juan Carlos Núñez, afirmó que «desde la sociedad civil, acogemos la declaratoria de prioridad nacional, con la disposición de coadyuvar en todas las fases del proceso, con aportes desde las instancias académicas, de investigación y de movilización social». Puntualizó la necesidad de adoptar medidas previas para garantizar la calidad del proceso. Asimismo, sugirió que las preguntas de la boleta deberán contemplar una amplia participación en su elaboración para que refleje las necesidades de la población; posteriormente, corresponderá una adecuada capacitación para el levantamiento de la información fidedigna y confiable, con condiciones que permitan llevar adelante este importante operativo.
Recordemos que en el censo de 2012 se generaron reclamos por la inducción de preguntas con contenido político, y hasta se ignoró, pese a los reclamos, la consulta sobre la identificación en el rango del mestizaje. Es necesaria la contribución de las universidades y las instituciones especializadas en la preparación y ejecución del censo, que requiere una amplia movilización y participación ciudadana, que debe ser aprovechada para obtener la mayor cantidad de información sobre los temas donde se tiene necesidad de datos, como la salud, vivienda, nivel de escolaridad, ocupación, empleo y otros.
En este momento, según proyecciones del INE la población boliviana alcanza a 11.8 millones, sin contar a por los menos tres millones de ciudadanos que se fueron y viven en el exterior. Como señalamos anteriormente, la necesidad de contar con datos fidedignos es cuestión crucial para que el gobierno, las instituciones, universidades, empresa privada, inversionistas y una diversa gama de la actividad económica, social y cultural puedan diseñar políticas sustentables, planificar programas acertados y definir estrategias sobre diferentes aspectos de la vida nacional. Saber cuántos somos, que hacemos, como vivimos, que queremos, que necesitamos es de vital importancia para poder identificar los problemas y encontrar soluciones adecuadas.
Por ello la importancia también de que los encargados de realizar el censo se hagan merecedores de la confianza ciudadana y de las instituciones. Bolivia tiene serias deficiencias en su base de información. Bolivia está ausente en muchas estadísticas y no participa en programas que cada vez son más importantes para medir su situación real, como por ejemplo datos sobre salud, consumo, aprovechamiento escolar, nivel de la educación, etc., mediciones que otros países realizan en cooperación con organismos internacionales e instituciones especializadas a las que están afiliadas. Bolivia no aparece en la mayoría de los indicadores internacionales. Lo mismo ocurre en muchos estudios internacionales en los que Bolivia aparece con datos desactualizados. La pandemia ha demostrado esas ausencias de datos en los informes de organismos globales y regionales. Hoy, es imprescindible, además, contar con nuevos datos sobre la realidad que vive el país después de la pandemia, que ha afectado a la población tanto en sus ingresos económicos como en la manera de vivir y enfrentar un nuevo escenario de la pandemia y postpandemia.