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domingo, junio 26, 2022
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La inseguridad jurídica al desnudo

Las evidencias sobre las irregularidades en la justicia son abrumadoras, el desprestigio del país sobre la inseguridad jurídica deja al Estado con un perfil poco confiable. Las pruebas de esta situación son muchas y parece que al gobierno poco le importa la imagen del país, que aparece con ejemplos poco edificantes tanto en las actuaciones hacia los organismos internacionales como por la forma como procede la justicia internamente. Esta imagen perjudica absolutamente toda gestión, no solo por los abusos de poder y la impunidad. Las persecuciones políticas y el odio hacia los que piensan diferente es una muestra del alejamiento de los principios democráticos que implican el respeto y la tolerancia por los derechos y deberes de todos y la igualdad ante la ley.

Todo país que se dignifique, cumple sus compromisos y es fiel a la ley. Es decir, es digno de fe, (fidedigno) porque acredita o prueba acabadamente su condición de responsabilidad ante sí y ante los demás. Si se analizan las diferentes exposiciones que llegan del exterior, así como las de jurisconsultos nacionales, encontramos que nuestro país está perdiendo esa condición esencial de ser confiable. Los pronunciamientos y argumentos legales de diferentes personalidades, políticos, abogados constitucionalistas e instituciones, que reaccionaron sobre el juico a la ex Presidenta Añez, son muestras del real significado que esta situación genera en la población nacional y en la comunidad internacional. Entre las diferentes posiciones se destacan los fundamentos que expone el del Relator especial para la Independencia de Jueces y Abogados de las Naciones Unidas (NNUU), Diego García-Sayán, sobre la sentencia de la ex presidenta Jeanine Añez, que se convierten en una evidencia irrefutable, ya que ha sido por pedido del actual gobierno que la ONU envió a este funcionario para ver la real situación del país, especialmente sobre la independencia judicial. Para el funcionario de la Naciones Unidas, ha habido injerencia política en el juicio a la ex Presidente Ane, y además fue sometida a la justicia ordinaria, cuando le correspondía un juicio de responsabilidades.

Frente a todas las evidencias y testimonios, el gobierno parece haberse sentido pisando en vacío, porque se encuentra expuesto abiertamente coludido con los jueces. Salir de esta situación es muy difícil, pero siempre existen triquiñuelas jurídicas y eufemismos bajo los que se esconden los transgresores. Por ello no debe extrañar que, después de haber presionado a los fiscales y jueces para enjuiciar y sentenciar rápidamente a Jeanine Añez, mediante la justicia ordinaria, ahora se intenten salvar responsabilidades y salir por algún resquicio, como casi siempre ocurre en nuestro país para justificar lo injustificable. Ocurre que el ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que en su despacho piensan que el nuevo juicio debe avanzar por la vía del caso de Corte. Sin embargo, indicó que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) debe resolver un recurso sobre si la causa mencionada va por la vía ordinaria o a través de un juicio de responsabilidades. Hoy puede decirse una cosa, mañana otra totalmente opuesta y luego conciliarse con un «tal vez». Los hechos son los que mandan y todo presidente de Bolivia que tuviese la circunstancia de llegar a un proceso, tiene que ser sometido a un juicio de responsabilidades, como lo fue García Meza, que llegó al poder en un verdadero golpe de Estado, con un derramamiento de sangre pocas veces visto, y aun así, se apeló al debido proceso y fue sometido a un caso de Corte. Jeanine Añez, llegó al poder por la vía de la sucesión presidencial contemplada en la Constitución Política del Estado. Si en su gestión se hubiesen cometido delitos o transgresiones, es una situación que debe ser llevada al nivel judicial que corresponde, que no es otro que un Juicio de Responsabilidades. Por otra parte, se ha constatado en forma irrefutable la presión política que se ejerce sobre la justicia, y el grado de sometimiento del poder judicial, con las declaraciones de Evo Morales, que revela que en reuniones con el presidente Arce se decidió el juicio a Añez.

Esta es una conclusión a la que llegan abogados de diferente tendencia política y las entidades de derecho, así como el comisionado de la ONU. Al respecto, la presidente del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia, Silvia Padilla, en declaraciones a un periódico nacional, expresó que con la confesión de Morales, queda en evidencia que las autoridades políticas incurrieron en los delitos de uso indebido de influencias y los jueces del caso, en prevaricato. Añadió que a futuro pueden ser pasibles a procesos penales. Padilla aseguró que nuevamente queda dañada la fe del Estado. Ello porque la administración gubernamental solicitó la presencia e informes de García-Sayán y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, pero no acata ninguna de las recomendaciones.

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