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domingo, mayo 26, 2024
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La inseguridad se acentúa en nuestro país

La inseguridad crece mientras el Estado se encuentra preocupado en solucionar los enredos políticos que comenzaron con la politización de la justicia y derivaron en la desestabilización institucional, al extremo de que los órganos de poder incumplen sus obligaciones o se ven frenados por otros poderes que se exceden en sus atribuciones, pisoteando la Constitución Política. El narcotráfico ha logrado superar las capacidades de control del gobierno, y son cada vez más frecuentes las ejecuciones por presuntos «arreglos de cuentas»; los feminicidios conmueven a todos y la violencia es cada vez mayor. La impotencia ante el crimen deriva en situaciones extremas como hacer justicia con mano propia. Precisamente un linchamiento ha conmocionado a la opinión pública por las torturas y muerte de tres presuntos secuestradores en una población del Chapare.

La policía capturó a los antisociales y fueron llevados a celdas policiales, pero una turba enardecida irrumpió en la instalación policial, causando destrozos y superando a los pocos oficiales presentes. Los informes de prensa estiman que más de 400 personas participaron del hecho. Se forzaron los candados de las celdas y se sacó a golpes a los tres detenidos. Fueron exhibidos por las calles del municipio semidesnudos. Primero caminaban y luego eran obligados a avanzar de rodillas. Un relato periodístico dice que la turba condujo a los tres hombres hasta la plaza principal, donde los ataron a una palmera. Sus cuerpos presentaban marcas y heridas sangrantes, les rociaron con gasolina y prendieron fuego. Según los exámenes forenses, las tres víctimas sufrieron múltiples contusiones, así como quemaduras que abarcaban entre el 60% y el 80% de sus cuerpos.

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, dijo que «lo que ha ocurrido en la zona del trópico de Cochabamba, es un hartazgo por los malos administradores de justicia». Es algo que «nosotros no compartimos» porque el Código Penal lo tipifica como un asesinato», dijo el ministro, que aprovecho la oportunidad para plantear la necesidad de cambiar la forma de administrar la justicia, «tenemos que cambiar las leyes. Tenemos que cerrar los candados que existen en nuestro país», apuntó la autoridad, en conferencia de prensa. El Gobierno presentó el anteproyecto de ley denominado «Lo ajeno no se toca», que tiene como objetivo luchar contra la delincuencia y velar por la seguridad de la población. Explicó que se trata de un proyecto piloto, que si demuestra su efectividad, se lo podría aplicar en temas de narcotráfico, en temas de feminicidio, y en otras aristas vinculadas a la inseguridad o la criminalidad en nuestro país, señaló el ministro Eduardo Del Castillo. Atribuyó esta situación a «malos administradores de justicia, esos consorcios de jueces» que van liberando a delincuentes, y a mafias criminales en nuestro país. Explicó también que este anteproyecto de ley crea una nueva figura penal de apoderamiento flagrante, que prevé sanciones de siete años de prisión.

Pero los avances logrados en el mundo en torno a la seguridad ciudadana integral, van por soluciones distintas al endurecimiento de las penalidades. Además, el pueblo boliviano demanda el urgente cambio del sistema judicial, pero ni siquiera elegir a nuevos magistrados es posible. En América Latina las cárceles están llenas de antisociales que, lejos de cambiar de actitud, encuentran en la prisión la manera de perfeccionar sus habilidades delictivas. En Bolivia las cárceles están hacinadas, y es muy difícil aspirar a que se logre algún atisbo de rehabilitación de los reclusos para su reinserción en la sociedad.

Reproducimos algunos conceptos de un trabajo de investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre la inseguridad, realizado por varios expertos de ese organismo, sintetizados en un artículo de Nathalie Alvarado. Hay factores comunes que conducen a una especie de «tormenta perfecta». El primer factor se basa en que las ciudades crecieron rápidamente, y de manera desorganizada, sin que el Estado pudiera garantizar de manera homogénea todos los servicios necesarios a los ciudadanos. El segundo factor tiene que ver con las instituciones públicas – incluyendo la policía y el sistema de justicia – que no se adaptaron a las nuevas realidades, lo que significó más impunidad y corrupción. En tercer lugar, tenemos una enorme población de lo que llamamos Ni-Nis, es decir, jóvenes que ni estudian ni trabajan. Estimamos que uno de cada cinco jóvenes tiene esas características lo que equivale a 32 millones de personas. Y encima de estas vulnerabilidades, tenemos la presencia del crimen organizado y el tráfico de drogas que encrudece la violencia. Se estima que un 30 por ciento de los homicidios se deben al crimen organizado. Finalmente, para empeorar las cosas, lo que debería ser una solución se torna en una causa de mayor crimen y violencia: el hacinamiento en los sistemas penitenciarios. Las pandillas se fortalecen en las cárceles. Las cárceles no logran rehabilitar y reinsertar individuos en la sociedad, sino crean pandillas más fuertes y criminales más avezados.

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