La institucionalidad boliviana está en la mira internacional tras varios cuestionamientos de la ONU o la UE a la sentencia de 10 años de cárcel contra Jeanine Áñez por la forma en que se la procesó por asumir la Presidencia interina en 2019, mientras que para el oficialismo es un nuevo intento de «la derecha» para «desestabilizar» la gestión de Luis Arce.
Organismos como la Oficina del Alto Comisionado de la ONU sobre Derechos Humanos (Oacnudh), el relator Especial de Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, Human Rights Watch (HRW), además del Reino Unido y la Unión Europea están entre las voces que han cuestionado la forma cómo se condujo el proceso judicial «golpe de Estado II».
Las observaciones se orientan desde la aplicación al tipo penal de «incumplimiento de deberes» que es «incompatible» con tratados de derechos humanos, el uso excesivo de la detención preventiva, la no inclusión de testigos y el número de partes acusadoras y la no valoración de un juicio de responsabilidades contra Áñez, así como «injerencia política en la Justicia».
Por su parte, el Movimiento al Socialismo (MAS), el Ejecutivo de Luis Arce y sectores afines han buscado mostrar «unidad», pero también se han declarado en «emergencia» y han acusado de «injerencia» a Gobiernos u organismos internacionales que se han pronunciado en contra de la forma del juicio a Áñez.
El expresidente Evo Morales, quien dice fue víctima de un «golpe de Estado» en 2019 en medio de denuncias de fraude electoral a su favor, insiste en que hay una nueva «guerra sucia» de la «derecha golpista» para «desestabilizar la gestión de Arce».
Posibles consecuencias
El fallo de un tribunal de La Paz por los sucesos que ocurrieron entre el 10 de noviembre de 2019, día en el que Evo Morales renunció a la Presidencia, y el 12, cuando la entonces senadora asumió el poder de forma transitoria, avivó las heridas y las críticas de una crisis que aún divide la opinión de los bolivianos y de la comunidad internacional.
Para el presidente de la Fundación de Estudios Constitucionales y Políticos, Gonzalo Hidalgo, estas declaraciones tienen un efecto «jurídico y moral» sobre la estructura judicial del país ya que abren otros caminos legales a la defensa de Áñez y, por otro, desnudan la «irresponsabilidad del Estado boliviano» en relación a su caso.
En lo jurídico, «la validez de las decisiones (de la Fiscalía y el Poder Judicial) están en cuestionamiento» y en lo moral se advierte que no solo se han vulnerado los valores constitucionales de transparencia, respeto y libertad, sino que se han «quebrado» elementos del debido proceso, aseguró.
Hidalgo consideró que este juicio y lo que ha surgido después «está debilitando políticamente al MAS porque hay una clara injerencia del poder político» sobre la Justicia.
El Gobierno se ha propuesto en varias ocasiones la realización de una reforma judicial que corrija aspectos como la falta de transparencia, corrupción y la mora de los procesos judiciales, sin que aún se establezcan pasos efectivos de esa transformación.
Tras su visita a Bolivia, García-Sayán habló de la necesidad de un gran «pacto nacional» con todos los actores de la sociedad boliviana para efectuar esos cambios tras considerar que la justicia boliviana «está lejos de la gente».
En ese sentido, el exministro Reymi Ferreira dijo a Efe que la Oacnudh hizo una «mala interpretación», pues «se ha enfocado en un tema particular (el de Áñez)», cuando en realidad su labor es «hablar sobre la reforma judicial» en Bolivia.
Ferreira, que fue ministro de Morales, restó importancia a los pronunciamientos internacionales y cuestionó que esos mismos organismos y algunos países «no dijeron nada» cuando en la Administración de Áñez se cometieron delitos de «lesa humanidad» y, por el contrario, «reconocieron a ese Gobierno ilegítimo».
Un fallo «injusto» para todos
Entre los varios cuestionamientos a los jueces que llevaron el juicio están que solo juzgaron sobre la forma cómo Áñez llegó a la Presidencia interina, dejando de lado las causas que llevaron a ese hecho, descartaron los testigos de la defensa, no tomaron declaración alguna a Morales o a la línea de sucesión que renunció junto a él, ni a los legisladores oficialistas que en su momento avalaron la toma de mando de la entonces senadora.
Para Hidalgo, estos pronunciamientos confirman que la acusación de la «autoproclamación» de Áñez «es una falacia» y la exmandataria interina afrontó un proceso «injusto», «inadecuado» e «inconstitucional».
También que así como algunos países y organismos han observado el proceso contra Áñez, otros se han manifestado a favor de que en Bolivia hubo un «golpe de Estado» y que, en ambos casos, las opiniones o pronunciamientos no son necesariamente un acto de «injerencia».
Este juicio no es el único proceso que enfrenta la expresidenta interina, el oficialismo ya pidió a la Justicia que agilicé al menos otros dos casos y también anunció que solicitará que se adelanten acciones judiciales contra otros actores determinantes de la crisis de 2019 como los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.