Un juzgado dispuso este lunes la detención preventiva del exministro interino de Energías Rodrigo Guzmán por otros seis meses dentro de un nuevo proceso por una supuesta compra ilegal, en vísperas de que la exautoridad cumpla medio año de encarcelamiento por el caso denominado «golpe de Estado».
La esposa de Guzmán, Dalia Lima, explicó a Efe que en una audiencia cautelar se determinó que permanezca en prisión preventiva por otro medio año en una investigación por una compra supuestamente irregular de insumos para la pandemia de la covid-19 cuando fue ministro del Gobierno transitorio de Jeanine Áñez.
Lima consideró que «era sabido» que el oficialismo iba a iniciar otro proceso a Guzmán para evitar que deje la cárcel porque ya sucedió lo mismo con la expresidenta transitoria y con el exministro interino de Justicia Álvaro Coímbra, también encarcelados hace medio año por el caso del supuesto «golpe de Estado».
La defensa de la exautoridad apelará la decisión, pero Lima no guarda esperanzas de que aquello prospere porque «todo tiene un trasfondo político».
«Sabemos que a ellos no los van a dejar libres, a mi esposo no lo van a dejar porque no es novedad todo lo que se inventa el actual Gobierno y por ende la Justicia que está a favor y hace todo lo que el Gobierno les dice», lamentó.
Lima sostuvo que como familia viven «una pesadilla» desde hace seis meses por la detención de Guzmán que consideró injusta e ilegal.
Guzmán guarda detención preventiva en La Paz desde marzo por acusaciones de sedición, terrorismo y conspiración en el caso conocido como «golpe de Estado» relacionado con la crisis política y social que atravesó Bolivia a fines de 2019 y que derivó en la renuncia del expresidente Evo Morales.
El oficialismo sostiene que la salida de Morales del poder fue un «golpe de Estado», mientras que la oposición asegura que fue consecuencia de las denuncias de fraude electoral a su favor en los fallidos comicios de 2019.
Por el mismo caso fueron apresados Áñez y Coímbra, ambos recluidos en cárceles de La Paz.
Ese proceso judicial implica también a varios exjefes militares y policiales, algunos de ellos en prisión, además de otros exministros de Áñez que se han declarado en la clandestinidad o han salido del país por considerar que el Gobierno de Luis Arce aplica una «persecución política» en contra suya.
En el nuevo proceso iniciado a Guzmán, la Fiscalía le acusa de los supuestos delitos de «daño económico al Estado, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y delitos contra la salud pública», dijo a los medios su abogado, Luis Guillén.
Según Guillén, en la audiencia se presentó un informe del mismo Ministerio de Energías que descarta que hubiera una adquisición irregular o algún hecho ilícito, pero pese a ello se dispuso que debe permanecer en prisión hasta marzo de 2022.