Ha concluido la visita a Bolivia de Diego García-Sayán, relator especial de Naciones Unidas para la independencia judicial, después de haber recogido centenares de denuncias sobre las deficiencias del sistema judicial y la injerencia que, de acuerdo a las quejas, es la principal causa de la crisis. Antes de irse, emitió nueve observaciones preliminares, y anunció que entregará a Naciones Unidas su informe completo, que probablemente se dé a conocer en aproximadamente seis meses. En el paquete de denuncias lleva a Ginebra, sede de la comisión jurídica, un panorama amplio de lo que sucede en el país. La comunidad nacional espera que su informe sea objetivo y sus recomendaciones reflejen la urgencia de soluciones que permitan a la justicia recuperar su independencia.
El delegado de Naciones Unidas se ha reunido con 30 representaciones de la comunidad nacional además de funcionarios del gobierno y de los magistrados, que, de acuerdo a los primeros informes, también entregaron al relator las explicaciones del oficialismo. García-Sayán entre sus observaciones considera que «en Bolivia la justicia está lejos de la gente en la medida en que se ve que hay una urgencia en la sociedad boliviana de que la justicia responda a los dramas cotidianos». Dijo también que la reacción de la comunidad es comprensible «ante excarcelaciones a través de medios corruptos». Sobre el caso de la expresidenta Jeanine Áñez, se limitó que decir que el Estado debe ser responsable de garantizar el bienestar de todo privado de libertad, además de invocar a que se respeten las garantías y las normas del «debido proceso» en esa y otras causas.
Entre sus observaciones hizo referencia a que solamente la mitad del uno por ciento del presupuesto nacional esté destinado al ámbito judicial; que solo el 44 por ciento de los administradores de justicia del país sean de carrera, y que la mayoría, sean funcionarios transitorios. En cuanto al sistema de elección de magistrados que rige en nuestro país, García-Sayán dijo que se debe evaluar si es adecuado mantener la elección de magistrados mediante el voto en las urnas, haciendo notar que las evidencias muestran que ese mecanismo «no funciona». Finalmente hizo un llamado a que se logre un acuerdo nacional para encarar las reformas en el Órgano Judicial.
El funcionario internacional lleva amplia documentación sobre la situación de la justicia, junto con opiniones de juristas, expresidentes, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), y otras instituciones y grupos. Entre las personalidades, Carolina Ribera, hija de la expresidenta Áñez, entregó al Relator, documentación que según su criterio, acreditan «17 pruebas» sobre la injerencia del poder en los procesos legales que promovió el MAS contra su madre. Hace notar que como exmandataria del país, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, corresponde un juicio de responsabilidades, pero que el gobierno impulsa un proceso por la vía ordinaria. Hace notar que de los seis juicios planteados solo uno llegó a la fase oral, por la vía ordinaria. En este caso se la juzga por el supuesto ascenso ilegal a la Presidencia, tras la renuncia de Evo Morales en 2019.
El abogado Juan del Granado a nombre de un grupo de juristas entregó fundamentaciones sobre la injerencia política en la justicia, a partir del «copamiento» por parte del partido gobernante, «las afinidades partidarias se reprodujeron en todo el cuerpo judicial, con jueces supremos que nominaban al resto, generalizando la subordinación al poder político…»
Lo fundamental radica en que la situación de la justicia ha trascendido el ámbito político nacional y está en la mira de organismos internacionales. Recordemos que anteriormente se han pronunciado sobre este tema la Organización de Estados Americanos, la ONU y la Unión Europea. La necesidad de una reforma ya nadie la pone en duda, lo que queda por definirse es la forma en que se desarrolle el proceso que pueda recuperar la independencia del sistema judicial, y que no se apele a un simple cambio de personas. El actual gobierno ya ha fracasado en los tres intentos por reformar la justicia, de manera que ahora tiene que optarse por una participación amplia que haga posible un verdadero cambio.
Los organismos internacionales y han podido comprobar por todos los informes, que la realidad muestra que en el país la justicia no garantiza imparcialidad y menos el debido proceso. Las irregulares son muchas, el propio gobierno ha reconocido mediante altos funcionarios que la corrupción se ha enquistado en el sistema, y hasta se ha decidido la destitución de jueces, fiscales y otros funcionarios, debido a recurrentes casos sobre ilegalidades. Pero pese a las evidencias y a la convicción de una urgente necesidad de reestructurar el sistema judicial, el gobierno se niega a efectuar una reforma integral que es lo que demanda la comunidad nacional y que también han recomendado los organismos internacionales.