La llamada «causa de los cuadernos» mantiene en vilo a Argentina tras la última revelación del juez de la investigación, que asegura que los expresidentes Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015) eran los principales beneficiarios de millonarios sobornos de empresarios.
Esta madrugada, el Centro de Información Judicial (CIJ) reveló un documento en el que se indicaba que Néstor Kirchner y Cristina Fernández fueron, junto a su ministro del área de obras públicas, Julio de Vido, los «verdaderos beneficiarios» de esta supuesta red de sobornos.
La investigación comenzó cuando una persona, «a quien se le reservó su identidad», llevó al juzgado que dirige Claudio Bonadio copia de las anotaciones, fotografías y filmaciones efectuadas por Oscar Centeno, chófer del ministro De Vido y del subsecretario de Coordinación de su cartera, Roberto Baratta.
De ahí se conocería, según la información difundida por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 11, de la existencia de una «organización delictiva» conformada por funcionarios públicos y comandados por Kirchner -fallecido en 2010-, Fernández y de Vido al menos entre los años 2008 y 2015.
Se obtuvieron así indicios que permiten sostener que, durante un lapso de ocho años como mínimo, Baratta y cinco funcionarios más de la cartera efectuaron los cobros a distintos particulares, siendo trasladados después, «en la mayoría de las oportunidades», en vehículos conducidos por Centeno.
Quedaron explicados de manera abierta entonces los pormenores de la investigación, que hasta ahora estaba bajo un estricto secreto de sumario.
Este anuncio llegó en la misma semana en la que comenzaron los allanamientos a las propiedades de Fernández por un pedido del juez Bonadio, después de que el Cámara Alta los autorizara -ya que la expresidenta tiene fueros como senadora-.
La inspección comenzó el jueves en el domicilio de la exmandataria y continuó en otra residencia en la sureña ciudad de Río Gallegos.
Este viernes, las autoridades comenzaron el allanamiento a su última propiedad, ubicada en El Calafate, cercana al famoso glaciar Perito Moreno, con el objetivo de buscar pruebas que la relacionen con esta causa, en la que está imputada bajo la sospecha de haber recibido coimas.
Sobre la publicación del CIJ, uno de los abogados de la senadora, Gregorio Dalbón, aseguró a Efe que no se trata de una «resolución, sino de un arbitrario resumen de la causa utilizado para buscar aceptación» y, como defendió en anteriores ocasiones, «se demuestra que es una persecución política».
Afirmó que «el juez Bonadio está intentando sostenerse por el clamor popular», recordó que la página del CIJ es para «publicar resoluciones y no informes» e insistió en que «los jueces hablan por sus sentencias, no de esta manera tan ruin».
Hasta el momento, se ha tomado declaración en esta causa a 52 imputados -entre ellos Fernández- y arrestado a 26 personas, 11 de las cuales fueron puestas en libertad.
Mientras tanto, dos personas siguen con orden de captura.
Entre los imputados, 17 declararon en calidad de arrepentidos -figura jurídica que otorga beneficios penales a cambio de confesión de datos que permitan avanzar en la causa-, de los que 15 ya han obtenido la homologación por parte del juez.
Se han practicado 70 registros en Buenos Aires y otras zonas del país, sobre oficinas de empresas y domicilios de los exfuncionarios involucrados.
Además, se incautaron más de 250 obras pictóricas en posesión de dos imputados por aproximadamente 41,5 millones de pesos (1,34 millones de dólares), vehículos de alta gama, dinero por más de 6,35 millones de pesos (206.000 dólares), 1,24 millones de dólares, más de 235.000 euros y otras cantidades en monedas chilenas, uruguayas y brasileñas; armas de fuego y dispositivos electrónicos.