Parece que ya nada podría sorprender en el ámbito judicial donde se sale de un escándalo para desatar otro, y su devenir es recurrente con actuaciones al margen de la ley. Donde debería primar el estado de derecho, el ejemplo de respeto al ordenamiento jurídico y la ecuanimidad liderada por jueces probos, fiscales justos y abogados comprometidos con las normas, cunde la maniobra sucia en desmedro de la institucionalidad. Lo peor es que en estos enredos siempre están envueltos los fiscales, jueces, abogados, policías enfrascados todos en maniobras para distorsionar el sistema. Los ejemplos son muchos, pero esta semana se inicia con las repercusiones de las declaraciones públicas del abogado Jhasmani Torrico.
El abogado sobre el que pesan acusaciones de tortura y extorsión, sacudió el ambiente litigante al reconocer que conformó un consorcio con al menos 20 jueces y fiscales. Dice tener pruebas para demostrar sus afirmaciones, y hasta demandó que se inicie juicio a todos los que formaron parte del consorcio. El abogado afirma que puede respaldar sus afirmaciones con documentos, con fotografías, filmaciones y con grabaciones. Anteriormente, en el mes de enero, se revelaba que Jhasmani Torrico, conducía procesos, redactaba sentencias, negociaba fallos y dirigía un «gran consorcio», integrado por jueces, fiscales, policías y abogados, contaminando una serie de causas en el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
La información tenía como fuente al viceministro de Transparencia, Diego Jiménez, quien afirmaba que «jueces que respondían (a Jhasmani Torrico) y sus resoluciones se hacían en el bufete de este abogado con plata de por medio». La versión señalaba que el abogado y su grupo de colaboradores no solo se dedicaban a intimidar y torturar a litigantes y otras personas para hacer cobros de deudas, sino negociaban fallos judiciales a cambio de montos elevados de dinero. «Estamos ante una organización criminal que tiene antecedentes de actuar bajo el matonaje, secuestros exprés a víctimas humildes y litigantes, para poder hacer cobros de deudas y extorsionar. Actúa en una lógica de mafia…», según el viceministro. Si un viceministro habla de mafia, sin duda se ha llegado a límites que nadie esperaba, ni aquellos que deliberadamente se esforzaron en tomar el poder judicial.
Las impudicias en torno a la justicia boliviana se han convertido en causas rutinarias que casi nunca terminan en sentencia, pese a existir un recurrente testimonio de ilegalidad, distorsión, sometimiento al poder político, y una carencia de valores y principios éticos nunca antes vista. Lo peor es que los hechos reñidos con las leyes y las normas se propagan en un ambiente propicio al delito alentado por la impunidad. El Año pasado, al concluir la gestión el decano del Consejo de la Magistratura (CM), Omar Michel, informó a los medios de comunicación, que durante el año 2018 el sistema de administración judicial conoció siete mil denuncias contra operadores de justicia: jueces, vocales y otros funcionarios, y que veinte jueces fueron destituidos por faltas gravísimas. Pero esas cifras, aunque parezcan escalofriantes, quedan bajo interrogantes si se toma en cuenta que en los pasados seis años hubo más de 18 mil denuncias, una sola destitución y ninguna sentencia. Reconocía Michel que el balance no podía ser más negativo.
Parecía que ya se había tocado fondo, pero los casos de extorsión denunciados por el propio gobierno y otras decenas de escándalos en los que policías de diferente grado se ven implicados frecuentemente, dan un marco al sistema judicial que en su conjunto ofrece un escenario decepcionante. Además, para nadie es desconocido que con la justicia no terminan las decepciones. ¿Qué se puede decir del Tribunal Supremo Electoral? ¿Hay alguna esperanza en el Tribunal Constitucional Plurinacional? Lamentablemente ya ni los más optimistas ven algún atisbo de esperanza en una conversión o enmienda de la justicia en el país, y el futuro se torna cada vez más preocupante al desaparecer el estado de derecho y la institucionalidad.