«La justicia tarda, pero llega», es solamente una frase que busca consuelo, porque la realidad muestra que la retardación, y la venalidad alejan la posibilidad de que la ley se cumpla y la verdad salga a luz. El filósofo romano Séneca expresó que «nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía», frase que evolucionó en la actualidad como «justicia que tarda no es justicia». La interpretación de los bolivianos sobre el sistema judicial, es mucho más compleja y drástica, ya que las autoridades nacionales, juristas y litigantes, relacionan los desvíos judiciales con corrupción, abuso, incumplimiento de deberes y servicio al poder político. Los testimonios de esta triste situación son innumerables, recurrentes y detrás de cada caso hay historias que estremecen y mueven a la reprobación.
De hecho, la retardación de justicia está fuertemente enquistada en nuestro país. Sobre esta realidad, los medios de comunicación revelaron que un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó, que en Bolivia hubo torturas, violaciones a los derechos humanos y hasta ejecuciones. Se trata del caso del hotel Las Américas, donde de acuerdo al informe, hubo ejecuciones extrajudiciales y torturas ordenadas por el Gobierno en contra de cinco miembros de un supuesto grupo armado. De acuerdo a las publicaciones, el informe fue emitido por la CIDH el 21 de diciembre de 2021. El informe está firmado por la entonces presidente, Antonia Urrejola (actual canciller de Chile); la primera vicepresidente, Julissa Mantilla Falcón; la segunda vicepresidente, Flavia Piovesan, y las comisionadas Margarette May Macaulay y Esmeralda Arosemena. Según el artículo 49 del reglamento de la comisión, suscribe la secretaria ejecutiva adjunta, Marisol Blanchard.
El informe está en la antesala de la Corte Internacional de Derechos Humanos, que juzgará al estado boliviano. Para evitar el proceso, el gobierno debe cumplir cuatro recomendaciones, entre las que figura un juicio en contra de los responsables por la ejecución extrajudicial. Pero el actual gobierno, ¿dada la relación íntima con el régimen que gobernó casi 14 años, se atreverá a enjuiciar a sus correligionarios y socios en el poder? Es poco probable que eso ocurra, más aún cuando se ha consolidado un esquema de impunidad, que es precisamente la razón por la que se impone la resistencia a una reestructuración del sistema judicial, actualmente subordinado al poder político.
Sobre el eventual proceso en la Corte Internacional de Derechos Humanos, se puede considerar que existen suficientes elementos de convicción para que se instale. Recordemos que en la madrugada del 16 de abril de 2009, un contingente de la Unidad Táctica de Resolución de Crisis, grupo de élite de la Policía, ingresó al hotel Las Américas en Santa Cruz, realizó detonaciones en el cuarto piso e irrumpió en sus habitaciones disparando sus armas de fuego. Como consecuencia Eduardo Rózsa Flores, Arpad Magyaroisi y Michel Dwyer resultaron muertos; Elöd Tóásó y Mario Tadic fueron detenidos.
El informe cita que «Constan en el expediente notas de prensa que refieren que miembros de la Fiscalía y de la Policía departamental de Santa Cruz no fueron considerados porque todo estuvo a cargo del Ministerio de Gobierno, desde La Paz, y que tenían orden de no intervenir». El gobierno dio la orden de proceder con el operativo sin orden judicial ni fiscal. Las cámaras de seguridad del hotel, fueron apagadas desde el 15 de abril, cuando ingresaron las presuntas víctimas. Tampoco hubo internet desde las 3:10 de la madrugada, minutos antes del operativo y el servicio fue restablecido a las 9:00 de la mañana. Se habrían eliminado videos y registros de internet del hotel y personal del Ministerio de Gobierno estuvo alojado en el mismo, según el referido informe.
En la conclusión, la Comisión IDH establece que el Estado boliviano es responsable por la violación de los derechos a la vida (artículo 4), integridad personal (artículo 5), libertad personal (artículo 7), garantías judiciales (artículo 8), protección de la honra y de la dignidad (artículo 11) y protección judicial (artículo 25) de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Qué significa que se enjuicie al Estado? En realidad, muchas veces se han iniciado procesos en contra del Estado por violaciones a los derechos humanos, lamentablemente se demora mucho tiempo en que se llegue a un fallo. Asimismo, hay causas pendientes desde hace más de tres décadas. Por ello es previsible que el gobierno deje pasar el tiempo. Los efectos de la retardación de justicia representan la peor manifestación de la ilegalidad, porque surge de quienes están llamados a cumplir las normas legales y respetar los principios jurídicos. Por ello se afirma que una justicia tardía, no es justicia.